El gigante minero Fresnillo, propiedad de Alejandro Bailléres, cuarto hombre más rico de México solicitó un amparo frente a la resolución de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario 28 que le ordena pagar más de 13 mil millones de pesos a la comunidad ejidataria de El Bajío ubicada en Caborca, Sonora, por el uso ilegal de sus tierras y por extraer más de 7 toneladas de oro, así como por el costo de la remediación ambiental por los graves daños causados durante años. La minera argumenta violación a “el más elemental derecho humano de acceso efectivo a la justicia”. Los victimarios ahora se victimizan.
El conglomerado Industrias Peñoles del que forma parte Fresnillo Plc han gozado de privilegios que le permitieron concentrar cerca de dos millones de hectáreas del país en concesiones mineras. Hoy, recurren a la victimización frente a una resolución judicial en favor de una comunidad agraria que ha sufrido durante más de 10 años persecución, encarcelamientos por delitos fabricados, desplazamientos, el asesinato de tres personas y la desaparición de una. Esta comunidad agraria ha esperado la ejecución de las sentencias que en junio de 2014 estableció la restitución al estado anterior de todo el ecosistema dañado por la minera y la devolución del oro saqueado o su pago equivalente.
Enfrentar jurídicamente al capital minero por despojo territorial y la devastación ecológica es un terreno con múltiples obstáculos. Fresnillo tergiversa el derecho, construye una mentira tras otra, para ello se sirven de un ejército de abogados, el apoyo irrestricto del poder estatal y la ambigüedad del actual poder federal. No obstante, el ejido El Bajío ha ganado más de cien juicios a pesar del poderío de Peñoles porque sí hubo magistrados que se apegaron a las leyes agrarias vigentes como el magistrado Moya Valverde.
La reciente solicitud de amparo de Fresnillo recurre al argumento de que el artículo 27 constitucional define a las actividades mineras como causa de interés público. A propósito, omiten que esta figura quedó fuera de la Constitución General en mayo de 2023. Y afirma que es posible imponer, sí, usa esa palabra, modalidades de aprovechamiento de las tierras y recursos naturales a los ejidos y comunidades agrarias.
Para el consorcio extractivista, las concesiones mineras están por encima de los derechos de ejidos y comunidades y afirma que la remediación de los terrenos es obligación del gobierno federal no de las empresas. Fresnillo recurre a una argumentación que no está vigente. Si durante 33 años este fue el sostén jurídico para el despojo de los territorios. En el presente, ese argumento es una invocación a que todo siga como antes.
El 3 de julio habrá una nueva audiencia constitucional en el juzgado décimo de distrito a cargo del juez Ramón Sotelo Rincón. Este juez de amparo contará con tres meses para dictar la sentencia de fondo, es decir, revocar o ratificar el fallo de la magistrada Alejandrina Gómez Rey del Tribunal Unitario Agrario 28 que ordenó a Fresnillo el pago en moneda nacional al equivalente de 630 millones de dólares.
Aquí confluye la reciente elección de jueces y magistrados del poder judicial federal. Los jueces electos tomarán protesta el 1 de septiembre. Será la Suprema Corte a través de los tribunales federales del 5to circuito quienes definan si los argumentos del consorcio minero se apegan a derecho o no.
El Sergio García Camacho, defensor legal del ejido El Bajío, explica que se abre un gran reto para las nuevas personas en las magistraturas pues ellas darán la definición final y dirán si la interlocutoria de la magistrada agraria ha sido justa. García Camacho se pregunta si ¿Será auténtica la promesa de romper el aparato judicial que servía al neoliberalismo?, ¿Si habrá una justicia pronta y humanitaria a favor de la comunidad campesina? O, como se duele Fresnillo, son sus derechos humanos los violentados por la magistrada Gómez. Quedan abiertas más interrogantes. ¿Se protegerá a la millonaria familia Bailléres? ¿Habrá por fin la obligatoriedad para Peñoles de remediar el daño ecológico causado en el Desierto Sonorense y, pagará el oro robado?
