La existencia de fosas clandestinas en el país va de la mano con la desaparición de personas. Se trata de un binomio maligno y perverso. Su problemática tiene múltiples aristas y fuentes de origen y de manifestación: incapacidad del estado (federal, estatal y municipal) en materia de seguridad pública; la zozobra y angustia permanente de familiares y amigos de personas desaparecidas, quienes ante la poca y, a veces, nula respuesta de las autoridades, se ven obligados a realizar la búsqueda de sus seres queridos por sí mismos; el control y dominio del crimen organizado en diversas zonas del territorio; la falta de políticas públicas firmes y claras sobre la problemática; la ausencia de confianza y credibilidad institucional; la notoria inobservancia del estado de derecho y de respeto a los derechos humanos. ¿por dónde empezamos?
A estas alturas suena vacío el discurso de que todo viene del pasado. Es cosa de preguntar sobre esa postura, a las familias que viven el dolor y sobreviven emocionalmente la falta de noticias de sus familiares. Es de imaginar el tenor de la respuesta: “bueno, pero la responsabilidad de las autoridades actuales es resolver problemas de hoy y no poner de pretexto lo de antes, para no entregar resultados”.
En Morelos, hace días se inició de nuevo el proceso de reconocimiento e identificación de cadáveres encontrados en Jojutla. Lo que salta a la vista es la falta de entendimiento inicial entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas con las autoridades, respecto a las instituciones e instancias que deben participar. Se aceptó que intervenga la Comisión Nacional de Búsqueda, pero hay diferendo sobre la Guardia Nacional. Es una muestra de lo erróneo de querer avanzar, sin tener el terreno pavimentado con la confianza y los acuerdos mínimos.
Sobre este lacerante tema, traigo a colación el asunto que, mediante facultad de atracción, conoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denominado “las fosas de Tetelcingo”, en el estado de Morelos, cuya investigación me correspondió encabezar y que derivo en la Recomendación 48/2016. Lo que fue un aparente descuido y desatención de la Fiscalía del estado, al no entregar el cuerpo de una persona fallecida, al familiar que lo reconoció y solicitó su entrega, devino en el desenmascaramiento de una situación aterradora, la de 119 cuerpos que fueron inhumados de manera irregular.
Los detalles de lo investigado se incluyen en el libro Defensa práctica de los Derechos Humanos, de mi autoría, en el que se exponen las dificultades que se enfrentaron durante la investigación, la manera de lograr los acuerdos para realizar la inhumación de los cadáveres, la infraestructura que se levantó durante los 12 días que duró la diligencia, la metodología diseñada y los roles que tuvieron las instancias participantes, así como el planteamiento de la teoría del caso para resolver la investigación, la convicción de elaborar criterios y precedentes, para que sirvieran en la solución de casos futuros, como el que ahora se enfrenta en Jojutla. Entre los puntos recomendatorios destacan las medidas de no repetición, consistentes en establecer parámetros que se deben observar en futuros casos. Ahora es cuando se debe volver los ojos a la Recomendación 48/2016 de la CNDH.
De nuevo, el estado de Morelos vuelve a poner en el centro de la discusión lo importante de contar con protocolos y normas de actuación unificadas, conforme a estándares internacionales, para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos.
Para contestar la pregunta inicial, ¿por dónde empezamos? la alternativa básica para avanzar en la solución es única: todas las instancias e instituciones involucradas, todas las autoridades competentes, todos los servidores públicos o personas relacionadas con la problemática deben tener empatía irrestricta con quienes enfrentan, día a día, tan flagrante violación al derecho humano a la verdad. Nadie puede ser insensible. De lo contrario, se va perdiendo, de manera paulatina, parte de la esencia de lo que es una sociedad humanitaria y solidaria.
* Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) / eguadarramal@gmail.com
