En el país más democrático del mundo, ese que cada mañana se presume desde el atril y que, según la narrativa oficial, avanza hacia una transformación irreversible, la pluralidad y los contrapesos dejaron de ser un valor democrático para convertirse en estorbo. En esta tierra del progreso proclamado, quien disiente es enemigo; quien cuestiona, traidor; quien exige resultados, vendido. En el país del bienestar, la protesta, la crítica y la diversidad de opiniones se consideran ilegítimas no porque carezcan de sustento, sino porque rompen el relato cuidadosamente construido de un gobierno que se dice amado por todos, eficiente, justo y, sobre todo, moralmente superior.
La presidenta, heredera política del movimiento que prometió regenerar la vida pública, parece más interesada en señalar a quienes la cuestionan que en fortalecer las instituciones que garantizan la división de poderes. Las oficinas de comunicación, que deberían servir para transparentar la gestión, se han convertido en cuarteles de vigilancia digital. Desde ahí se rastrea quién escribe un tuit incómodo, quién comparte una nota que contradice las cifras oficiales o quién se atreve a expresar su inconformidad con el rumbo del país. En la lógica presidencial no hay ciudadanos críticos: solo adversarios pagados, bots opositores o voceros del conservadurismo.
Esa obsesión por controlar la conversación pública revela algo más profundo que una simple molestia con las redes sociales: exhibe un desprecio por la pluralidad y por la idea básica de que, en una democracia, el poder debe ser acotado por otros poderes y por una sociedad abierta. No hay democracia real cuando el gobierno asume que es infalible y que toda discrepancia es sospechosa. Las redes sociales, lejos de verse como espacios de deliberación, se tratan como trincheras donde cualquier expresión disidente debe ser ridiculizada, desactivada o silenciada. Pero un sistema que cancela la crítica y descalifica la oposición se aleja del ideal democrático y se acerca a la lógica de un poder que solo se escucha a sí mismo.
En este contexto, resulta especialmente grave que, al mismo tiempo que se deslegitima a la oposición y se señala a los jueces críticos como enemigos, se pretenda vender como “profundización democrática” la idea de elegir a ministros y jueces por voto popular. Se desmontan, en los hechos y en el discurso, los contrapesos institucionales, se presiona al Poder Judicial, se minimiza al Legislativo, se vacían de contenido los órganos autónomos y luego se afirma que somos “el país más democrático del mundo” porque la ciudadanía podrá votar directamente por quienes deberían garantizar la constitucionalidad de los actos de gobierno.
En cualquier democracia mínimamente seria, la división de poderes no es un lujo ni un capricho de las élites, sino el corazón del régimen: es el mecanismo que evita que la mayoría circunstancial se convierta en tiranía y que el liderazgo carismático derive en autoritarismo. Sin contrapesos reales, como son un Poder Judicial independiente, un Legislativo plural, órganos autónomos sólidos y una sociedad civil activa, la elección popular de jueces no democratiza la justicia, la politiza. Decir que México será más democrático porque se vota a los jueces, mientras se hostiga la disidencia y se descalifica a toda crítica, es una contradicción abierta con los principios democráticos que cualquier país dice respetar.
Mientras la maquinaria de propaganda trabaja horas extra para sostener esta narrativa, la realidad avanza con crudeza, a siete años del inicio de la autodenominada cuarta transformación, el crecimiento económico sigue siendo prácticamente nulo. La promesa de un desarrollo con justicia social se diluye en cifras que hablan por sí solas: el país se mantiene estancado, sostenido en buena medida por el consumo interno, el dinero de las remesas y una estabilidad macroeconómica heredada que no se traduce en bienestar tangible para millones de hogares.
En materia de seguridad, la simulación alcanza niveles de tragedia, cada semana se presentan gráficas pulidas que crean la ilusión de que los delitos van a la baja, pero basta salir a la calle para comprobar lo contrario. El cobro de piso se ha normalizado, las extorsiones se multiplican, los secuestros no desaparecen y la impunidad sigue siendo la regla. Las cifras que recibe la presidenta están maquilladas o incompletas. Se repite el mantra de que “ya no hay guerra”, aunque los muertos se acumulen cada día.
La propia narrativa oficial sobre los homicidios dolosos muestra esa brecha entre discurso y realidad, la presidenta insiste en que la violencia ha disminuido desde que su movimiento llegó al poder, pero los datos oficiales cuentan otra historia: durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se registraron 120 463 homicidios dolosos; en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 156 066; y en el de Andrés Manuel López Obrador, casi 200 000, la cifra más alta de la historia reciente. Frente a estas magnitudes, no basta con culpar al pasado: el contraste entre palabras y hechos erosiona la credibilidad del gobierno y exhibe los límites de un modelo que pretende gobernar con narrativa, no con resultados.
Lo más preocupante es que, pese a las evidencias, el gobierno ha decidido creer su propia versión, en lugar de revisar estrategias, corregir rumbos y aceptar la crítica como parte del juego democrático, prefiere negar los hechos o culpar a los anteriores. La violencia se presenta como un residuo histórico que se disolverá con el tiempo, mientras la Guardia Nacional se consolida como un cuerpo militarizado sin rumbo claro. En su afán de mantener el discurso triunfalista, la presidenta voltea hacia otro lado, responsabiliza al periodismo crítico, a las organizaciones civiles o a los ciudadanos que protestan, y desdeña la función de los otros poderes del Estado.
La ironía es brutal: mientras la mandataria y su entorno dedican energía a investigar quién critica en redes, el país enfrenta problemas urgentes, los hospitales carecen de insumos; los maestros reclaman salarios y condiciones dignas; los campesinos exigen apoyos reales y no solo discursos; las mujeres siguen esperando justicia; los periodistas piden garantías mínimas de seguridad. Sin embargo, toda manifestación se deslegitima de inmediato. La protesta deja de verse como un derecho ciudadano para presentarse como complot. En el país más democrático del mundo, marchar es conspirar, denunciar es difamar y disentir es traicionar.
Este clima de persecución simbólica y a veces real tiene un objetivo claro: controlar el discurso público y, con ello, debilitar los contrapesos que incomodan al poder. Quien domina la narrativa pretende dominar la realidad. Pero ese control no fortalece al régimen, lo vuelve frágil. Una democracia que cancela el disenso, que erosiona la división de poderes y que criminaliza la pluralidad solo conserva la forma democrática, no su fondo. La legitimidad de origen no reemplaza a la legitimidad de ejercicio.
Y así, entre descalificaciones, reformas que buscan domesticar al Poder Judicial y estadísticas amañadas, México corre el riesgo de quedarse atrapado en una ilusión peligrosa: la de un bienestar decretado desde el poder y una democracia reducida a la sola existencia de elecciones, aunque los contrapesos se debiliten y la pluralidad se hostigue. La historia enseña que los gobiernos que temen a la crítica y que desmontan la división de poderes acaban devorados por su propio exceso de poder. El silencio no resuelve nada. Tarde o temprano, las voces acalladas vuelven a gritar, y con ellas regresan también las preguntas incómodas que ningún régimen verdaderamente democrático debería temer.
*Universidad Autónoma del Estado de México
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