Hay una realidad incontrovertible, el planeta sufre grave deterioro. Los científicos han hecho múltiples llamados de alerta a los gobiernos, para que asuman actitudes efectivas, a fin de evitar la catástrofe de la humanidad. Los intentos de respuesta a nivel internacional se vienen dando desde hace varias décadas. La ONU aprobó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual desde los años 80’s del siglo pasado viene impulsando el tema de protección ambiental. De entonces a la fecha cada vez se suman más personas en el mundo, que exigen poner un alto a la situación atentatoria contra la Tierra. Después de todo, todos somos víctimas y todos padecemos las consecuencias. No hay distingo alguno, no importa si se trata de gobernantes de países ricos o pobres, de empresarios pequeños o multinacionales, ni el tipo de religión que profesan, tampoco la nacionalidad o color de piel, ni la edad de vida, aunque siempre serán más vulnerables los niños y niñas y las personas adultas mayores.
La reciente opinión consultiva OC-32/25, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) pone el tema en su dimensión real: “emergencia climática y derechos humanos”. No hay exageración, ni atenuante. La Opinión se sustenta en datos científicos; señala que estamos frente a la “triple crisis planetaria”: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Entre las causas destaca la emisión de gases de efecto invernadero derivadas de actividades humanas (quema de combustibles fósiles, cambios en los usos del suelo, la gestión de los residuos sólidos, etc.). Es decir, somos las personas, mayormente, las causantes de los impactos visibles y tangibles: aumento de temperatura terrestre (calentamiento global), que acarrea severas sequías, crisis hídrica, ciclones, incendios, derretimiento de glaciales, pérdida de especies animales y vegetales, deterioro de ecosistemas, etc. He escuchado decir “nos estamos acabando el planeta”. Por supuesto, la responsabilidad de las personas es diferenciada, hay actos individuales, de grupo y, de manera resaltada, los cometidos por empresas.
Entre las empresas también se distingue la responsabilidad en función del tamaño económico, el tipo de actividades productivas, la región geográfica donde actúan y el nivel de compromiso frente a la sociedad y el planeta. Para esto último, en el ámbito internacional se acuña la expresión “conducta empresarial responsable”. De ahí, la importancia de exigir dé la cara a la sociedad, cada una de las empresas provocadoras, en mayor medida, de la emergencia. Es momento que la sociedad mundial exija a los gobiernos señalen y precisen, en lo individual y particular, a las empresas responsables. La emergencia lo amerita.
Al respecto, es importante destacar que la CrIDH al identificar a los afectados por la emergencia climática la vincula, de manera acertada e inobjetable, con los derechos humanos. Su silogismo es claro: la afectación climática a las personas impacta en su existencia digna, salud, seguridad alimentaria e inseguridad hídrica, que, en conjunto, genera mayor pobreza.
La propia CrIDH aborda la repercusión en multiplicidad de derechos humanos, que deben ser salvaguardados. Por supuesto, encabeza el derecho a un ambiente sano. Le siguen los derechos humanos a la vida, integridad personal, salud, vivienda, agua, alimentación, trabajo, seguridad social, educación. Igualmente, derechos a la igualdad y a la no discriminación. Y resalta la protección diferenciada y reforzada a niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y a personas defensoras del ambiente. Asimismo, enumera lo que son las obligaciones de los estados: obligación de respetar derechos, de garantizar derechos, de adoptar medidas para asegurar el desarrollo progresivo, de adoptar disposiciones obligatorias de derecho interno. Considero que algunas de estas obligaciones deben imponerse a las grandes empresas. Volveremos sobre este punto.
Es cierto, el documento de la CrIDH no es vinculante, por lo que parecería no obligar a los Estados. Ante esto, parece no haber salida. Pregunto, en verdad, ¿el destino destructivo es inexorable? ¿La inmensa mayoría de personas tenemos que observar de manera pasiva como se va agotando el reloj de arena de existencia de la tierra? Me niego a eso. Creo que la no vinculación jurídica no impide que haya vinculación ética, moral y humanitaria de gobernantes y empresarios. Esa debe ser la bandera de exigencia.
Ante la imposibilidad de contar con textos normativos internacionales, que establezcan un catálogo de conductas y de sanciones, así como determinar los sujetos obligados a cumplir con las obligaciones ambientales y no establecer una autoridad que se encargue de sancionar, el camino es la persuasión activa, visible y con sororidad ambiental de los habitantes del planeta. De entrada, propongo como una acción tangible establecer un día de “paro climático”, reflejado en la suspensión de actividades empresariales identificadas como propiciatorias del deterioro ambiental. Se puede empezar con un “día mundial de no atentado climático contra el planeta”. La tierra merece tener un respiro.
¿Es una utopía? Sin duda. Pero es ´posible empezar con una actitud activa generalizada en defensa de nuestra casa humana común. Las instituciones defensoras de derechos humanos podrían encabezar esta cruzada a favor del planeta. Sumemos esfuerzos.
* Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) / eguadarramal@gmail.com
