Jorge Enrique Pérez Lara *
México enfrenta hoy una de las encrucijadas fiscales más delicadas de su historia reciente, el déficit público, lejos de ser un dato abstracto en un boletín gubernamental, se ha convertido en la arteria por la que se desangra silenciosamente la capacidad del Estado para atender a sus ciudadanos. La ecuación es tan simple como devastadora: cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, se endeuda; cuando se endeuda, paga más intereses; y cuando paga más intereses, tiene menos dinero para hospitales, escuelas, carreteras e investigación.
Este no es un problema nuevo, pero sí uno que ha escalado a niveles de alarma. En los últimos años, el déficit fiscal de México ha alcanzado cifras históricas, superando el 5% del PIB en ciertos ejercicios presupuestales, empujado en parte por el financiamiento de proyectos emblemáticos, los rescates a Pemex y una recaudación tributaria que sigue siendo de las más bajas entre las economías de la OCDE.
La deuda pública de México ha crecido de forma sostenida durante la última década y media. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), el indicador más amplio de la deuda del Estado mexicano, ronda cifras cercanas al 50% del PIB. En términos absolutos, estamos hablando de billones de pesos que generan una factura de intereses anual que compite directamente y a menudo gana contra el gasto social y productivo.
El problema estructural reside en lo que los economistas llaman la dinámica de la deuda: si la tasa de interés real que paga el gobierno es mayor que la tasa de crecimiento económico, la deuda crece sola, incluso si se equilibran los demás rubros del presupuesto. México lleva años navegando en esas aguas turbulentas, con una economía que crece por debajo de su potencial y tasas de interés que, en el contexto de la política monetaria restrictiva de los últimos años, permanecieron elevadas por un tiempo prolongado.
El pago de intereses de la deuda pública mexicana supera ya el 3.5% del PIB, una cifra que pone en perspectiva el verdadero dilema: cada peso que sale para cubrir obligaciones financieras es un peso que no llega a una clínica rural, a una universidad pública, a un laboratorio de ciencia aplicada o a un kilómetro de carretera pavimentada. Este costo de oportunidad es el gran ausente en el debate político nacional.
La infraestructura es quizás donde el deterioro resulta más visible. México arrastra una brecha de infraestructura equivalente, según diversas estimaciones, a varios puntos porcentuales del PIB en inversión acumulada no realizada. Puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de agua potable y conectividad digital siguen siendo insuficientes o envejecidos. Esta deficiencia no es solo un inconveniente cotidiano: es un lastre directo para la competitividad, para la atracción de inversión extranjera y para la posibilidad de capturar de forma plena las oportunidades del nearshoring, que tanto se celebran en los discursos oficiales.
En salud, el panorama es igualmente preocupante. El sistema público de salud mexicano opera con una inversión per cápita que lo coloca entre los más bajos de América Latina. Las listas de espera se alargan, los insumos escasean y el personal médico trabaja en condiciones que comprometen la calidad de la atención. La pandemia de COVID-19 evidenció con crueldad las consecuencias de décadas de subfinanciamiento; sin embargo, la respuesta estructural, es decir, un aumento sostenido y garantizado del presupuesto en salud sigue pendiente, atrapada precisamente por la rigidez de un presupuesto asfixiado por el servicio de la deuda.
La educación y la investigación científica son, por definición, las inversiones con mayor retorno a largo plazo para cualquier sociedad. Sin embargo, en México ambos rubros llevan años siendo los primeros en sufrir recortes cuando el ajuste fiscal aprieta. El gasto en ciencia y tecnología ha caído en términos reales hasta representar una fracción marginal del PIB, muy por debajo del 1% que recomiendan organismos internacionales como la UNESCO. El resultado es una fuga de cerebros sostenida, una capacidad de innovación mermada y una dependencia tecnológica que hace más frágil el tejido productivo del país.
No es casualidad que México patente muy poco, exporte productos de bajo valor agregado en términos relativos y dependa estructuralmente de manufacturas que, aunque importantes, no generan la riqueza suficiente para financiar un Estado de bienestar robusto. El círculo se cierra sobre sí mismo: sin inversión en conocimiento, no hay productividad; sin productividad, no hay crecimiento; sin crecimiento, no hay ingresos tributarios suficientes; sin ingresos, el déficit se profundiza y la deuda sigue creciendo.
Salir de esta trampa requiere valentía política y visión de largo plazo, dos ingredientes que suelen escasear en los ciclos electorales de corto plazo. La primera línea de acción ineludible es la reforma tributaria. México recauda poco no porque sea un país pobre, sino porque su sistema fiscal está plagado de exenciones, regímenes especiales y una economía informal que representa casi el 25% del PIB. Ampliar la base tributaria sin subir tasas impositivas a los sectores ya gravados es técnicamente posible y económicamente necesario.
La segunda línea es la revisión profunda del gasto público. No todo el gasto es inversión. Subsidios ineficientes, estructuras burocráticas sobredimensionadas y proyectos sin evaluación costo-beneficio rigurosa consumen recursos que podrían redirigirse hacia educación, salud e infraestructura. La austeridad selectiva que prioriza el gasto productivo y social sobre el gasto corriente superfluo es la única austeridad que tiene sentido económico.
La tercera es la consolidación fiscal gradual pero creíble. Los mercados financieros y las calificadoras de riesgo no piden que México elimine su déficit de golpe, sino que presente una trayectoria convincente de reducción. Un plan fiscal de mediano plazo, con metas verificables y respaldado por las reformas mencionadas, podría permitir que la prima de riesgo del país disminuya, abaratando el costo de la deuda existente y liberando recursos para el gasto prioritario.
México está en un momento en que las decisiones de política económica que se tomen o que se posterguen tendrán consecuencias que se sentirán durante décadas. La dinámica actual, en la que el pago de intereses crece más rápido que la economía y comprime el espacio fiscal para la inversión pública, no es sostenible. Y las consecuencias de esa insostenibilidad no las pagan los mercados financieros en primera instancia: las pagan los pacientes que esperan una cama en un hospital público, los estudiantes en escuelas deterioradas, los empresarios que no encuentran infraestructura adecuada y los científicos que emigran porque aquí no hay condiciones para hacer ciencia de calidad.
El debate sobre el déficit y la deuda no puede seguir siendo monopolio de economistas y funcionarios de hacienda. Es, en el fondo, una discusión sobre qué país queremos ser y qué estamos dispuestos a hacer o a dejar de hacer para construirlo. Y en esa discusión, la sociedad mexicana tiene no solo el derecho, sino la obligación de participar.
* Universidad Autónoma del Estado de México.
