Llegó a mis manos el libro Defensorías del Pueblo. Retos, desafíos y oportunidades, que reúne las reflexiones de diversos autores (mayormente, integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán), en relación con la medición del trabajo de los organismos estatales de derechos humanos. El tema es relevante en los tiempos actuales, en los que predomina la política reduccionista de la autonomía institucional. El poder legislativo ha sido el brazo ejecutor para suprimir lo que era el sello identitario de diversas instituciones (Cofece, Inai, Ifetel, Coneval). No ha habido pudor alguno para hacer añicos su autonomía.
El riesgo de perder la autonomía sigue latente para las instituciones que aún la mantienen. Entre ellas se encuentran las comisiones públicas protectoras de derechos humanos, las cuales requieren mostrar el trabajo que realizan, los resultados que obtienen y la trascendencia de su labor a favor de la sociedad. El recuento de su actuación debe ir mas allá de lo estadístico y cuantitativo; es necesario exhibir el impacto real que generan en la defensa de los derechos humanos, lo cual atraviesa por la incidencia en las políticas públicas, en los precedentes que sus resoluciones generan y en las propuestas de ajustes normativos para alcanzar una mejor cobertura en la protección de los derechos humanos. Ahí radica el quid de lo que la sociedad espera de su actuación.
Los textos incluidos en el libro muestran un enfoque administrativo-organizacional para lograr que la institución sea mas eficiente y eficaz. En ese sentido, se recurre a un lenguaje característico: modelo de gestión, planeación integral, desarrollo organizacional, mejora continua, reingeniería de procesos, entre otros.
En este punto me detengo para plantear algunas interrogantes, hacer algunas reflexiones y sugerir propuestas:
1. ¿Se requieren herramientas y principios de organización de índole privado en el diseño de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos? No necesariamente. En todo caso, es preciso contar con un léxico institucional que no genere confusión entre los integrantes de la institución y entre el público en general. Hay que conformar un lenguaje organizacional en derechos humanos.
2. ¿Es necesario el cambio en la estructura administrativa de las instituciones públicas de derechos humanos? En su caso, ¿debe abarcar aspectos específicos o hacerlo en conjunto? Esto es relevante, pues podría implicar reformas legales y normativas. En este punto, hay que dar mayor peso a la cuestión sustantiva sobre la cuestión administrativa. Es decir, cualquier diseño debe tener como premisa fundamental el resolver de fondo, y de manera oportuna, las quejas recibidas; después de todo, es la función básica e ineludible. Hay que buscar más y mejores resultados en la defensa de los derechos humanos. Esto conlleva contar con esquemas metodológicos específicos para la labor institucional, entre ellos, diseñar mecanismos especiales encaminados a obtener mejores respuestas y acciones de las autoridades requeridas; es necesario superar la práctica de dilación, desdén y destiempo para actuar en la que comúnmente incurren.
3. ¿Los responsables de los procesos administrativos deben adaptarse al esquema de trabajo y a los resultados jurídicos o, por el contrario, los abogados responsables de expedientes deben ajustarse a lo establecido por los encargados de la planeación? El sentido común indica la prevalencia del lenguaje de los derechos humanos por encima de los modelos de organización de corte privado. En la práctica, es un problema tratar de acomodar el trabajo de defensa de los derechos humanos a esos modelos. Es importante compaginar el trabajo del abogado encargado de los expedientes de queja con el trabajo de los responsables de la planeación; son ellos quienes tienen el reto de buscar eficacia y eficiencia desde la óptica de los derechos humanos. Es obligado evitar cargas administrativas en demasía a los abogados, ya que puede haber desviación en la atención de los expedientes.
4. ¿Hay que cambiar el sistema no jurisdiccional en su conjunto? No hay una respuesta sencilla e inmediata. Lo cierto es que siempre es saludable y necesaria una revisión seria y objetiva del trabajo de toda institución, en el que se ponderen y analicen las dificultades, los problemas y los aciertos que se han enfrentado a lo largo del tiempo. De esa manera se logra el fortalecimiento institucional. Para un mejor resultado es imprescindible hacer a un lado cuestiones ideológicas, políticas o de conveniencia pasajera.
En las circunstancias que ahora se viven la sociedad exige instituciones serias y comprometidas con los derechos humanos. Es lo que se demanda.
* Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) / eguadarramal@gmail.com
