Gentrificados: ¿cuál es el problema de fondo?
Con la consigna “Gringo Go Home”, cientos de personas se movilizaron la semana pasada en contra de la gentrificación en colonias del centro de la Ciudad de México. La protesta, centrada en la Roma, la Condesa y la Doctores, expresó el creciente malestar ante el encarecimiento de rentas, el aumento generalizado del costo de vida y la transformación del comercio local. La principal queja gira en torno a la imposibilidad de encontrar alquileres asequibles, en un contexto donde acceder a una vivienda en propiedad resulta inalcanzable para la mayoría.
No obstante, un estudio encargado por Airbnb en 2024 argumenta que el verdadero problema de fondo no es la presencia de residentes extranjeros, sino un déficit habitacional acumulado, una débil planeación urbana y la falta de políticas públicas eficaces para garantizar vivienda social. Esta visión apunta a causas estructurales más profundas, como la desinversión en vivienda asequible y la obsolescencia de los marcos normativos que regulan el crecimiento urbano.
Desde el siglo pasado, México impulsó ambiciosos conjuntos habitacionales —como Tlatelolco o el Centro Urbano Presidente Juárez— concebidos para alojar dignamente a los trabajadores del proyecto moderno. Sin embargo, el crecimiento acelerado de las ciudades superó la capacidad institucional para ofrecer soluciones formales, provocando asentamientos informales en las periferias urbanas, donde millones de familias esperaron décadas por la regularización de sus propiedades.
En etapas más recientes, la expansión de la vivienda bajo esquemas hipotecarios masivos produjo otro fenómeno: un parque habitacional sobredimensionado y deshabitado, con más de 6 millones de viviendas vacías según el último censo. Esta aparente paradoja revela que el problema de la vivienda no es simplemente de oferta, sino de acceso, distribución y localización, enmarcado en una lógica de mercado que prioriza la rentabilidad sobre la necesidad.
La política de vivienda, por tanto, es altamente compleja, conflictiva y políticamente delicada. Regular precios, limitar la especulación o redistribuir el acceso al suelo urbano, implica enfrentar a actores poderosos del capital inmobiliario, que operan tanto a escala local como global. Es así que la financiarización del suelo ha convertido a la vivienda en un vehículo de inversión, desplazando su función social como derecho básico.
Según el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), más de 20,000 hogares de ingresos bajos son expulsados cada año de la capital por falta de opciones habitacionales accesibles, lo que intensifica los desplazamientos diarios desde la periferia hacia el centro, con impactos sociales, económicos y ambientales significativos. Todo esto ocurre mientras los alojamientos completos en Airbnb representan menos del 1 % del total de viviendas en la ciudad, lo que sugiere que el foco del debate debe desplazarse del síntoma a las verdaderas raíces del problema urbano.
La gentrificación no se debe solo a la llegada de extranjeros o a plataformas como Airbnb, sino sobre todo a la acción de especuladores e inversionistas a gran escala que han convertido la vivienda en un activo financiero. Esto ocurre tanto en México, como en España, Argentina, Colombia y Brasil. Estos actores se aprovechan de un mercado desregulado, de la falta de vivienda social y de políticas urbanas débiles. Aunque puede traer beneficios económicos puntuales, la gentrificación desplaza a residentes de bajos ingresos y rompe el tejido social de los barrios. El verdadero problema es estructural: sin regulación al capital inmobiliario ni una política seria de vivienda accesible, las ciudades seguirán expulsando a quienes no pueden pagar por vivir en ellas.
Imagen Cristian Rojas/pexels