En México aprendimos a convivir con una paradoja: celebramos a nuestros muertos mientras intentamos no mirar a un Estado que nos está matando. Durante la llamada Cuarta Transformación, han sido asesinados 36 alcaldes en todo el país, 10 de ellos durante el periodo de la presidenta Sheinbaum. Además, 63 actores políticos fueron ejecutados en las elecciones del 2023, 37 de ellos aspirantes a un cargo público de elección popular. Pero ha habido más, muchos más. ¿Ya nos olvidamos de Yesenia Lara, Gisela Gaitán, Ximena Guzmán, José Muñoz, Bernardo Bravo, Irma Hernández y tantos otros y otras?

La ejecución de Carlos Manzo en Uruapan es, sin embargo, emblemática. Esta ejecución no solo duele por lo ocurrido allí, sino también porque es el retrato de todo México. Alcaldes sitiados, comunidades extorsionadas, gobiernos ausentes y una ciudadanía abandonada a su suerte. Uruapan no es una excepción: es un espejo en el que el país entero se mira y se reconoce.

Durante años nos hemos acostumbrado a una ecuación imposible: pedirles a los municipios que enfrenten a organizaciones que operan con más dinero, más armas y mejor inteligencia territorial. El resultado ha sido una política de seguridad delegada, donde la federación presume despliegues, los estados administran crisis y los municipios pagan con vidas.

La omisión que mata

En otros países, un error administrativo o una falta menor bastan para provocar renuncias inmediatas. En México, ni siquiera las omisiones que cuestan vidas mueven a nadie de su silla. El congresista de Nueva York Anthony Weiner renunció por enviar fotos indebidas. El haber mentido ante el gran jurado respecto a su relación con Monica Lewinsky llevó a Bill Clinton a un juicio político y le costó su reelección como presidente. Aquí, en México, nadie dimite cuando su negligencia y sus mentiras dejan muertos.

El caso de Carlos Manzo expone con claridad esa fractura moral. Él no pidió escoltas ni privilegios personales. Pidió seguridad para su gente… para todos. Durante meses, envió mensajes a la Presidencia para alertar sobre la expansión del crimen en Uruapan y en Michoacán. Claudia Sheinbaum lo sabía no por rumores ni por informes de terceros, sino porque Carlos Manzo se lo gritó en la cara. Su grito no fue por miedo, sino por responsabilidad. Y la omisión del gobierno federal fue criminal. Porque cuando el Estado es advertido del peligro y decide no actuar, deja de ser un espectador y se convierte en cómplice o en ejecutor. Después de tantos años documentando el crimen en Michoacán y en todo el país, el Estado ha decidido no actuar. Esto no puede entenderse como una simple falla administrativa, ni siquiera como una colusión. Va mucho más allá: los criminales se han convertido en gobierno.

Tres fallas que ya no caben debajo de la alfombra

1) Seguridad municipal desarmada. Durante décadas, los gobiernos locales han enfrentado a las mafias con instituciones frágiles y sin respaldo real. “Traer más Guardia” se volvió la respuesta fácil, sin construir capacidades cívicas de proximidad, de investigación y de justicia local. No se han fortalecido ni los policías locales ni los ministerios públicos. Un alcalde asesinado es la evidencia de un Estado que no puede o no quiere proteger ni a quienes lo representan.

2) Militarización sin gobernanza. Confundimos presencia con control y control con paz. La llegada de fuerzas federales rara vez se acompaña de mandos claros, protocolos de coordinación o de inteligencia financiera. La militarización solitaria es un analgésico: baja la fiebre, pero no cura la infección.

3) Impunidad que recicla violencias. Mientras los incentivos para matar sean más claros que los costos de hacerlo, el cálculo seguirá favoreciendo al crimen. Las ejecuciones de autoridades locales buscan algo más que el control territorial: desmoralizar a la sociedad, demostrar que nadie los protege y convertir el miedo en ley.

La política del eufemismo

Cada tragedia se enfrenta con el mismo guion: “Yo no sabía. Yo no fui. Era impredecible. Fue culpa de Calderón.” Cuatro frases que, juntas, forman el conjunto perfecto de la irresponsabilidad. “No sabía” traslada la culpa al nivel inferior; “no fui” la delega al adversario; “era impredecible” cancela cualquier juicio; “fue culpa de Calderón” hunde el dedo en una herida de hace 20 años. No son torpezas retóricas, son mecanismos de evasión institucionalizados. Pero si no sabes cuáles son los problemas de tu municipio, de tu estado, de tu país, si no puedes predecirlos ni evitarlos, si no sabes gobernar… ¿qué haces gobernando? ¿Para qué querías llegar al poder?

Pero el caso de Carlos Manzo rompe el guion: sí sabían, sí fueron ellos, sí era predecible y no fue culpa de Calderón. El gobierno federal fue advertido muchas veces y optó por no actuar. Igual que lo hicieron con el huracán Otis. Igual que hicieron con las tormentas en Veracruz. Igual que sabían del campo de exterminio en Teuchitlán. Igual que lo han sabido a lo largo y ancho del país. Esa diferencia convierte las omisiones políticas en fallas deliberadas y criminales. La pregunta ya no es qué tanto sabían, sino por qué decidieron no hacer nada.

Uruapan somos todos

Uruapan está en cada municipio donde las mafias dictan precios, donde los ciudadanos pagan doble impuesto —al Estado y al miedo—, donde el silencio se volvió sinónimo de sobrevivir. Carlos Manzo habló por todos los que ya no pueden hacerlo. Su muerte no sólo hiere a Michoacán: desnuda al país entero.

La violencia no se combate con comunicados ni con condolencias. Se enfrenta con verdad, responsabilidad y renuncias cuando las omisiones matan. En cualquier democracia madura, la dignidad exige asumir el costo del fracaso. Aquí, en cambio, el fracaso es una forma de gobierno.

Si algo debe cambiar después de Carlos Manzo, que sea esto: que nunca más un gobernante pueda decir “yo no sabía” sin que el país entero le responda “entonces, ¿qué hacías gobernando?”. Porque ya lo sabemos todos: cuando la omisión del Estado mata, todo se va al carajo.

*Instituto de Ciencias Físicas, UNAM / Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM.

Imagen cortesía del autor