(Primera parte)
Dos fechas conmemorativas nos invitan a reflexionar, el 10 de diciembre -conocido como el Día de los Derechos Humanos- y el próximo 28 de enero que se cumplen más de tres décadas de que la protección y defensa de los derechos humanos se elevó a rango constitucional, con la publicación del decreto que adicionó el apartado B del artículo 102 de la Constitución General de nuestro país, en 1992. Este hito marcó un punto de inflexión en la creación de un marco jurídico que facultó al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Locales para establecer instituciones especializadas en la atención de quejas y denuncias contra las autoridades administrativas que cometan conductas violatorias de los derechos humanos de las personas.
El compromiso de México se remonta a la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en la cual se establece que los derechos humanos son inalienables e inherentes a todas las personas, sin distinción de ningún tipo. Lo anterior fue un parteaguas en la historia moderna, al marcar el primer consenso global donde México, como país miembro de las Naciones Unidas, se adhirió a estos principios internacionales.
La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) significó un paso trascendental en la institucionalización de la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país. Ese órgano no jurisdiccional de protección surgió en un contexto de creciente presión social e internacional para atender las graves violaciones de derechos humanos que caracterizaron las décadas previas, especialmente durante la llamada «guerra sucia» y la crisis de derechos humanos de los años ochenta, de ahí que su fundador manifestara que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada el 5 de junio de 1990 mediante un decreto presidencial, surgió con la finalidad de promover y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa de los derechos humanos” (La reforma constitucional de 1999 a los organismos protectores de derechos humanos, en Cuestiones Constitucionales, Carpizo, Jorge, 2000).
Ese organismo protector inicialmente era “un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, … la institución debía ser apolítica y apartidista para que la sociedad tuviera confianza en la imparcialidad de las recomendaciones ante violaciones de derechos humanos” (Eje Central, 2024), y con las reformas de 1992 y de 13 de septiembre de 1999 al apartado B del artículo 102 constitucional, se alcanzó su autonomía constitucional, lo que representó un gran avance en su evolución como instancia garante de los derechos fundamentales, empero la institución lamentablemente ha ido en detrimento, puesto que -actualmente- no es ni apolítica, ni apartidista, por lo que su actuación e independencia ha sido objeto de severos cuestionamientos.
La CNDH realiza su labor mediante la recepción e investigación de quejas sobre posibles violaciones a derechos humanos, emite recomendaciones públicas y promueve la educación en derechos fundamentales. Las primeras acciones de la CNDH incluyeron investigaciones emblemáticas sobre desapariciones forzadas, tortura y abusos por parte de fuerzas de seguridad, donde se emitieron recomendaciones importantes que visibilizaron problemas estructurales y llevaron a la adopción de reformas importantes en diversas leyes secundarias, lo que desafortunadamente en épocas recientes no acontece.
Otra gran reforma en el ámbito constitucional que ha favorecido la protección y defensa de los derechos humanos fue la de 2011 (conocida como la gran reforma en materia de derechos humanos), al haberse reconocido en el sistema jurídico mexicano los derechos contenidos en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; asimismo, con el reconocimiento del principio pro persona y la interpretación conforme se dio pie a una nueva interpretación y argumentación jurídicas en la materia. Se obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, a la vez que se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de aquéllos.
México había jugado un papel activo en la promoción internacional de los derechos humanos. Ejemplo de ello lo fue su liderazgo en iniciativas contra la desaparición de personas y la tortura, así como su participación en organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estas acciones contrastan con la realidad nacional, donde persisten desafíos significativos como los altos niveles de impunidad y la violencia estructural, así como una crisis latente y persistente en materia de derechos humanos.
Estas fechas conmemorativas invitan, por tanto, no solo a reconocer los logros históricos de la CNDH, sino también a reconsiderar su papel actual y la necesidad de exigir el efectivo cumplimiento de los objetivos para los que fue creada, ser un verdadero contrapeso, defensora de los derechos fundamentales y garante de la justicia social.
Resulta esencial analizar los desafíos estructurales y coyunturales que enfrenta la defensa de los derechos fundamentales en el país, por lo que en la próxima entrega se abordarán problemáticas como la impunidad y la violencia, con miras a construir una agenda que responda a las demandas actuales de la sociedad mexicana.
* Profesor universitario y especialista en derechos humanos
