Jorge Enrique Pérez Lara *
La democracia suele medirse por el ritual de las urnas, cuánta gente vota, quién gana, si hay alternancia, pero esa es apenas la superficie. Debajo, lo que determina si una democracia respira o se asfixia es el andamiaje institucional que limita el poder, lo vuelve verificable y obliga a que las decisiones públicas se tomen con razones, evidencia y controles. Por eso, cuando un país empieza a perder a sus organismos autónomos y los reemplaza por instancias subordinadas al Ejecutivo o sectorizadas en secretarías, el riesgo no es “administrativo”: es democrático.
México atraviesa justo ese punto de inflexión, en el paquete de cambios constitucionales impulsados en el marco del llamado “Plan C”, el Congreso aprobó —entre 2024 y 2025— un volumen inusualmente alto de reformas, que la propia narrativa oficial ha presentado como una nueva etapa constitucional. En ese contexto se aprobó la reforma de “simplificación orgánica”, publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2024, que extinguió siete organismos, entre ellos el INAI, el IFT, la Cofece, la CRE, la CNH, Mejoredu y Coneval, transfiriendo sus funciones a dependencias federales o a nuevos diseños institucionales sin el mismo blindaje de autonomía.
La discusión pública se contaminó con un falso dilema: autonomía versus austeridad, se repitió que eran caros, duplicaban funciones y que bastaba reordenar para mantener resultados. Pero el punto crucial no era el organigrama: era la naturaleza del contrapeso. Un organismo autónomo no es una oficina; es un arreglo institucional diseñado para reducir el problema clásico de “juez y parte”. En democracia, el Estado se regula a sí mismo solo si existen islas de decisión técnica con reglas de nombramiento, periodos, deliberación colegiada y obligaciones de motivación que dificulten la captura política.
El caso del INAI es ilustrativo. Su desaparición se consumó con el traslado de atribuciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la creación del órgano “Transparencia para el Pueblo”, además de nuevas leyes secundarias en materia de transparencia y datos personales en marzo de 2025. Se puede argumentar como lo hace el gobierno que habrá plataforma, reglas y menores costos. Sin embargo, el riesgo democrático es obvio: cuando la autoridad que debe garantizar el acceso a la información depende del mismo poder cuyas decisiones y contratos deben ser transparentados, la transparencia deja de ser un derecho exigible y se vuelve una política discrecional. En un país donde la información pública ha permitido revelar escándalos de corrupción y graves violaciones de derechos, debilitar el árbitro de acceso a información equivale a apagar el foco que incomoda al poder.
En competencia económica y telecomunicaciones, el reemplazo también importa, la extinción de Cofece e IFT dio paso a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), cuyo pleno quedó integrado y entró en funciones en octubre de 2025, con una presidencia designada y un esquema sectorizado (vinculado al ámbito de política económica). Puede discutirse si el nuevo diseño preserva capacidades técnicas; incluso hay voces que sostienen que no implica retroceso en la práctica regulatoria. Pero el estándar democrático no es si “seguirá habiendo expedientes” o “habrá multas”: es si la decisión antimonopolio puede sostenerse contra intereses del propio gobierno cuando éste es jugador (por ejemplo, vía empresas públicas, política industrial, concesiones o prioridades de inversión). Sin autonomía constitucional, la señal para el mercado y para la ciudadanía cambia: la independencia pasa de ser regla a ser promesa.
En política social, la desaparición de Coneval y la transferencia de funciones al INEGI (vía reforma publicada en el DOF el 16 de julio de 2025) reabre otra pregunta democrática: ¿quién evalúa al evaluador? El Coneval no solo medía pobreza; también evaluaba programas, metodologías e impactos. Su propia estructura incluía un componente de experticia que servía como candado técnico. La preocupación expresada por extitulares y analistas no es nostalgia institucional: es advertencia sobre la pérdida de rendición de cuentas basada en evidencia, especialmente cuando los programas sociales se vuelven el corazón de legitimidad política.
Y en energía, la reconfiguración avanzó con legislación secundaria que creó una Comisión Nacional de Energía sectorizada a la SENER (marco publicado en marzo de 2025), con independencia técnica “en términos de la ley”, pero ya no con autonomía constitucional. La diferencia es más que semántica: lo “técnico” sin blindaje institucional puede convertirse en un accesorio retórico cuando la prioridad política del momento exige rapidez, control o alineamiento.
Sumemos todo y aparece el patrón: recentralización. No es que el Estado no deba coordinar; debe hacerlo. El problema es la sustitución de contrapesos por arreglos donde el Ejecutivo concentra capacidad de nombramiento, control presupuestal y dirección política. Eso crea tres efectos corrosivos para la democracia: primero, aumenta la opacidad efectiva (aunque haya portales); segundo, incrementa la captura (política o económica) al reducir barreras; tercero, debilita la profesionalización porque manda el mensaje de que la técnica es negociable, y que la lealtad puede valer más que la competencia.
¿Qué hacer, entonces, si ya se tomó la ruta de extinguir autonomías? La respuesta no puede ser romanticismo institucional ni resignación. Lo mejor y más realista es retomar el camino de la profesionalización en la toma de decisiones como política de Estado. Profesionalizar significa, en términos concretos, volver obligatorio que las decisiones públicas relevantes pasen por filtros técnicos verificables: perfiles meritocráticos y comparecencias sustantivas para nombramientos; reglas estrictas de conflicto de interés; servicio profesional robusto que proteja a los cuadros técnicos de vaivenes políticos; evaluaciones externas con metodologías públicas; y una cultura de motivación de actos (que la autoridad explique, con evidencia, por qué decide). Sin eso, cualquier “nuevo órgano” por más moderno que suene termina pareciéndose a una ventanilla.
La democracia mexicana no está en riesgo porque existan reformas las democracias se reforman, sino porque el sentido acumulado de varias de ellas apunta a un Estado donde los controles se vuelven internos, y lo interno suele ser negociable. Si el país quiere evitar que la política se coma a la administración pública, necesita una consigna simple: menos discrecionalidad y más profesionalización. Porque la democracia no muere solo con fraudes; también se desgasta cuando la verdad pública, la evaluación y la regulación dejan de ser árbitros y se convierten en parte del equipo en la cancha.
*Universidad Autónoma del Estado de México
