CONFUSIÓN REPUBLICANA
¿Quién dijo que las cosas en México y en el mundo no pueden ser distintas? Hemos comentado que en México vivimos una esquizofrenia, en cuanto que jurídicamente somos una República Federal, cuando nuestra cultura política demuestra que no sabemos realmente cómo vivir en un régimen de municipios libres, dentro de estados libres y soberanos. Nos es natural señalar que quien preside el Poder Ejecutivo Federal es el origen de todos los bienes y todos los males que padecemos. Háblese del tema que se quiera, sea actividad económica, educación, salud, seguridad pública, o muchos más, es el presidente, ahora presidenta, quien debe tomar medidas y canalizar recursos para resolver los problemas de cada aspecto de la vida nacional.
En nuestra visión de sociedad mexicana, no existen los otros órdenes de gobierno, esto es, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Esas formaciones gubernamentales son consideradas básicamente como fuentes de empleo locales de muchas personas, o bien, como instancias con las que se pueden comerciar bienes o servicios. Para nada las solemos ver como una fuente auténtica de coordinación de la energía ciudadana, para impulsar proyectos colectivos de sociedad y para resolver de manera justa y expedita los conflictos que naturalmente se dan por vivir en colectividad.
Al margen de que se cumple el ritual periódico de las elecciones de autoridades del poder ejecutivo y legislativo, y próximamente del poder judicial, el hecho es que existe una gran distancia entre gobernantes y ciudadanos. Los gobernantes, una vez electos, entran a una burbuja en la que las interacciones humanas básicamente se dan entre gobernantes electos y burócratas, bajo sus propias reglas de relación y sus códigos de comunicación. Los votantes quedamos fuera de ese ámbito, y sólo se hacen presentes, cuando como medida de fuerza, se instrumentan mecanismos de exigencia y presión colectiva.
En este sentido, es un desperdicio de recursos los que se canalizan para pagar los aparatos burocráticos estatales y municipales, sólo para ser consecuentes con la forma de república federal. Recordemos que la mayor parte de recursos que se generan por impuestos provienen del ISR y del IVA y se capturan por el gobierno federal; luego parte de ellos se regresan a los estados vía participaciones. Realmente es poco lo que generan los propios estados y municipios para cubrir, no sólo el costo de su aparato burocrático, sino las necesidades de desarrollo de sus comunidades.
¿Qué hacer frente a ello? Los intentos de descentralización de servicios y responsabilidades hacia los Estados ya tienen su historia. En ese sentido vale la pena consultar el Estudio sobre el proceso de descentralización en México 1997-2017, publicado en 2019 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Descentralizacion.pdf
Hablando de los servicios de salud, el estudio señala que “Este proceso de descentralización estuvo motivado por consideraciones políticas, fiscales y administrativas: “En el ámbito político, la descentralización es una respuesta a demandas acumuladas de gobiernos estatales por reducir la concentración del poder. En el plano fiscal, es un intento de reducir las presiones sobre el presupuesto federal en un contexto de inestabilidad económica. Finalmente, esta decisión responde a la necesidad de racionalizar la oferta y mejorar la gestión al interior de unidades locales” (Di Gropello y Cominetti, 1998)”.
Los resultados de esas decisiones no fueron los esperados, ya que “en términos operativos, no se observó un fortalecimiento de la infraestructura en este sector (López, 2012). Además, los cambios en la normatividad derivados del proceso de descentralización tuvieron fallas en aspectos como la regulación y supervisión del sector. Por último, los problemas en materia de coordinación institucional prevalecen, pues, a pesar de que se han implementado mecanismos de colaboración (López, 2012), las brechas de distribución de recursos entre sistemas de protección a la salud siguen siendo amplias”.
Asimismo, el estudio señala que “la implementación de la descentralización en materia educativa incrementó la desigualdad entre las entidades federativas, debido a que la transferencia de responsabilidades no fue acompañada de recursos financieros suficientes adicionales que permitieran la contratación de capital humano especializado y la construcción de infraestructura suficiente para que las entidades pudieran cumplir con los compromisos del proyecto de descentralización. Algunas regiones asumieron el proceso con la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento como los padres de familia, las empresas, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias” (Calvo, 2002).
La valoración de lo sucedido en esta materia, durante el sexenio 2018-2024 está por documentarse, pero todo indica que la centralización fue la pauta de las decisiones.
Lo cierto es que estamos lejos en México de promover un auténtico federalismo que haga posible articular debidamente “lo micro con lo macro” para romper la dependencia de las relaciones que van “de arriba hacia abajo”, esto es, de lo internacional a lo local, y de lo colectivo a lo individual; para crear relaciones de autodependencia, que se construyen “de abajo hacia arriba”, es decir, de lo local, a lo regional y a lo nacional.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
