¿Administrar o gobernar?
La presentación del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es buena ocasión para reflexionar sobre algo que, de entrada, pareciera innecesario en relación con la forma en que se conduce un país democrático.
El artículo 69 de nuestra Constitución, señala que “en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.
Posterior a este acto, el mismo artículo menciona que “cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad”.
Este mandato es un claro ejercicio de rendición de cuentas, en el que se obliga, en la actualidad a la Presidenta de México, a informar por escrito, no de manera presencial, sobre el estado general que guarda la “administración pública del país”.
Como se aprecia, el concepto de “gobernar” y el concepto de “administrar” parecen intercambiables y sinónimos en su significado; sin embargo, no lo son. Este distingo es necesario, si queremos en el futuro adentrarnos más en el significado de la democracia, y en nuevas formas de definir y gestionar el poder en nuestra sociedad, cuya esencia es la relación entre sociedad y gobierno.
De manera económica, diremos que “administrar un país” es una actividad que busca utilizar de manera eficiente los recursos humanos, financieros y materiales existentes dentro del aparato gubernamental, para el logro de determinados fines. Para ello, se requiere un debido ejercicio de planificación, programación, operación, control y evaluación de dichos recursos. Una mayor precisión de la función de administrar es la de distinguirla de la actividad de gestión. La primera haría referencia a las tareas de planeación y organización que realizan las autoridades máximas de una institución u organización, y la segunda, se ocuparía más en la puesta en práctica de lo planeado, por parte de personas responsables de operar en el día a día.
De esta suerte, administrar un país es una mega función que requiere de personas que tengan conocimientos y habilidades muy específicas para realizarla.
Por su parte, “gobernar un país” es una función muy diferente a administrar, ya que está orientada a conducir, con conocimiento completo y autoridad moral, a la gran diversidad de grupos humanos que conforman la población del país. Gobernar es tener la capacidad de inspirar, motivar y guiar a la población, es tener la capacidad de escuchar y atender las demandas justas de la sociedad, es crear puentes entre los diferentes grupos de personas que conforman el mosaico de cualquier sociedad, es cumplir con los marcos legales que norman su actuación, es hablar con la verdad y transparentar los porqués de la toma de decisiones, es proponer e instrumentar soluciones a los conflictos que de manera natural se producen en la sociedad, y más, cuando ésta tiene un alto grado de complejidad.
La función de gobernar requiere también del entendimiento de los diversos intereses que mueven a las personas y grupos, para poder determinar cuáles son las auténticas motivaciones de sus protestas y exigencias. Un buen gobernante debe tener claridad sobre la responsabilidad en la toma de decisiones que le corresponden y el impacto de ellas, debe tener una verdadera vocación de servicio a los demás, y además estar en condición de sobreponer los intereses de la colectividad, a sus intereses personales.
Se requiere, por tanto, de una capacidad y una sensibilidad muy específica por parte de quien pretende gobernar un país. De lo contrario, quien ficticiamente declare su intención de hacerlo, sólo será un impostor que busca validar su deseo de poder y riqueza. Gobernar es hacer realidad la verdadera política, esto es, el ver por el bien ser y el bien estar de la ciudadanía.
Si se está de acuerdo en esta distinción, habremos de concluir que el grado de democracia que vivimos actualmente en el país, vía los procesos electorales, es demasiado elemental. No existe ningún mecanismo, ni procedimiento que nos permita discernir, si cuando votamos por alguien, lo hacemos porque estamos seguros de que será un buen administrador, o si el voto se lo damos, porque estimamos que será un buen gobernante. En realidad, votamos a ciegas en este sentido, y lo hacemos por motivos subjetivos que poco tienen que ver con el ejercicio de un derecho colectivo a vivir en una sociedad mejor.
Esta reflexión se aplica a las elecciones del poder ejecutivo en los tres órdenes de gobierno, y habría que hacer las respectivas consideraciones para la emisión de nuestro voto para elegir a los miembros de los poderes legislativo y judicial.
Por lo pronto, conozcamos el informe presidencial que hoy se presenta, para ver qué refleja desde esta doble perspectiva, y obliguémonos a pensar en la posibilidad futura de elegir a personas con auténtico perfil de gobernantes; mientras que, para la función técnica de administrar el aparato de la administración pública, habría que utilizar otros mecanismos y criterios para la incorporación y permanencia de personas con ese perfil.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
