Mariana Casas Rodríguez y José Manuel Meneses[1]
México ha sido definido por la Constitución Política como una nación pluricultural, descendiente de pueblos originarios, que son aquellos que habitaban nuestro territorio antes de la Conquista. En este sentido, la plenitud de sus usos y costumbres ha sido reconocida, en tanto, no atenten contra los derechos humanos y el orden establecido por nuestra Constitución en su artículo segundo. El gobierno mexicano reconoce la magnitud del problema, señala que una de cada cuatro niñas de esta región se casa siendo menor de 18 años, y celebra que bajo la actual administración la proporción ha cambiado a una de cada cinco. Más allá del orden normativo, las condiciones socioeconómicas de nuestro país hacen pensar que la formalidad jurídica ha sido rebasada, sobre todo en esos entornos sociales donde el rezago, la desigualdad y falta de desarrollo están más presentes. En este sentido, el sur de México y las comunidades indígenas son lugares propicios para la violación sistemática de los derechos humanos, específicamente en el caso de las mujeres, pero, sobre todo, de las niñas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el matrimonio infantil forzado sigue siendo un reto en nuestro país. Dadas las circunstancias de las comunidades indígenas del estado de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, toda dispensa a la mayoría de edad para contraer matrimonio es un peligro. La situación es alarmante, sobre todo en la zona de la montaña alta en Guerrero y en las comunidades colindantes del estado de Oaxaca, región que ha sido reconocida por el Coneval como una de las más pobres del país durante la década 2010-2020; de hecho, el municipio de Metlatónoc fue señalado como uno de los más pobres del país y, lamentablemente, como uno de los protagonistas en este tipo de prácticas. En su momento, Benito Jiménez, periodista del diario Reforma, señaló: «Se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero, pero no existen cifras exactas, ya que la mayoría de estas uniones no se registran.»
Si repasamos los ingredientes que tienen lugar en estos contexto nos daremos cuenta del peligro al que nos referimos: a) el machismo ancestral de estas comunidades, b) el rezago social y la pobreza de estas comunidades hacen que la población adopte prácticas desesperadas para obtener dinero, c) la centralización de los servicios y la atención gubernamental en las grandes urbes, d) el difícil acceso a las comunidades que genera un clima de relajación del orden normativo debido a la escasa presencia institucional, e) la falta de oportunidades educativas y laborales para las niñas, propiciando un estado de indefensión, del que las estructuras tradicionales obtienen ventaja. Estas son las condiciones que configuran una catástrofe humanitaria, es decir, un retroceso que nos ubica en la barbarie y la desolación. Una vez más, Benito Jiménez señala que: «Pagan por niñas a partir de los 9 años desde 40 mil hasta 200 mil pesos o, incluso, pagan con ganado o cerveza, una práctica atribuida a «usos y costumbres» de las comunidades frente a la que autoridades permanecen apáticas.” Aunque, la apatía de las autoridades muchas veces es también un disfraz de su incapacidad.
Afortunadamente, la situación está siendo visibilizada y las acciones institucionales se dirigen a combatir estas prácticas. La anterior administración federal preparó un documento que diagnóstica de la mejor manera la situación del matrimonio infantil, uno de los fenómenos asociados a la venta de niñas en la zona sur del país, titulado Niñez interrumpida. Matrimonio infantil y adolescente en México, publicado por la Secretaría de Gobernación y la CONAPO en 2023. Por otra parte, la publicación del Censo 2020 del INEGI, nos revela que 27,800 adolescentes indígenas menores de 18 años se encontraban casadas o en unión libre, lo que representaba un 7.5% de la población total. Sin embargo, considero que la educación es la clave para abatir la violación de los derechos humanos infantiles en Guerrero y Oaxaca, pues no se trata únicamente de un problema del gobierno en turno; sino de un proyecto de transformación social que involucra de lleno a las comunidades originarias. La educación de niños y niñas y la reeducación de los adultos es necesaria, sobre todo para comprender cuáles son los elementos que pertenecen efectivamente a su cultura y cuáles son prácticas denigrantes que, por ningún motivo, pueden remitirse a su pasado y, mucho menos, justificarse apelando a un pluralismo normativo que en este caso no se sigue.
De tal modo, consideramos que el gran reto de nuestro país es saber combinar el cambio de una mentalidad permeada por el machismo, respetando lo mejor de nuestras tradiciones, así como a los usos y las costumbres que dan identidad a los pueblos originarios de nuestro país. Como ciudadanos responsables debemos solidarizarnos para visibilizar la lucha de las niñas y adolescentes indígenas de nuestro país, involucrándonos de manera activa para exigir a nuestras autoridades la intervención necesaria y para promover, desde la sociedad civil, los cambios de mentalidad que son necesarios para dejar de aceptar estas formas de violencia en contra de las mujeres.
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Miembros de la asociación civil La casa del Tlacuilo. ↑
