Existe una legitimidad Estatal y un profundo rechazo hacia las personas migrantes expresado en fronteras, políticas y discursos. Existen muchos argumentos que ahora mismo surten efecto sobre personas que ejercen lo que se denomina activismo migrante, a través de la sistematización de la producción de la ilegalidad de personas migrantes y otros agentes que consideran viable la movilidad a través de las fronteras. Esto se ha efectuado de manera histórica en el país hacia distintos actores bajo técnicas de distinta índole: argumentos trafiquistas y de trata de personas, criminalización, producción de la ilegalidad, entre otras. Aquí algunas notas sobre el autoritarismo mexicano frente al activismo migrante.
El autoritarismo es un tipo de régimen político en contra del pluralismo y las libertades civiles, intenta mantener una ideología pragmática, desalienta la movilización política autónoma y concentra el poder en liderazgos con límites difusos pero efectivos. No elimina toda la vida social, pero somete la competencia política, sus élites gobiernan con cooptación e intimidación apoyadas de instituciones diseñadas para la duración del régimen (Linz, 2000; Svolik, 2012).
A diferencia de la democracia, los mecanismos electorales sí existen, pero suelen ser no competitivos o competitivos pero injustos. Además, el acceso a medios, financiamiento y justicia electoral están sesgados a favor de quienes gobiernan. Las instituciones autoritarias como partidos hegemónicos, parlamentos fachada o elecciones controladas cumplen la función de circulación limitada de las élites y la resolución dentro de la coalición gobernante. El autoritarismo adopta configuración que incluyen regímenes personalistas o militares. Las transiciones desde el autoritarismo ocurren cuando se abren grietas y cuando una oposición se coordina y cambian los incentivos internacionales y domésticos (O’Donnell y Schmitter, 1986).
Activismo migrante es un conjunto de prácticas colectivas que están impulsadas por personas en movilidad y sus aliadas que defienden derechos contra disputas políticas que controlan la migración y buscan transformar las condiciones de vida y de tránsito. Se realizan acciones de protesta, desobediencia civil, estrategias legales y redes de apoyo mutuo que trabajan en múltiples escalas en lo barrial o transnacional. Esto incluye un entramado de estrategias como autoorganización actos de ciudadanía desde los márgenes y solidaridad transnacional (Isin & Nielsen, 2008; della Porta, 2018).
El activismo actúa en diferentes frentes a través de planos como la disputa normativa, la intervención material y la producción simbólica, aunque no son los únicos (Mcnevin, 2011). En los jurídico se suelen impugnar leyes y prácticas administrativas que producen deportación, detención, criminalización o exclusiones. De manera material, la creación de infraestructuras de cuidado, albergues, cocinas comunitarias, brigadas de salud, transporte solidario y fondos de emergencia abren corredores de protección. Finalmente, la producción simbólica construye narrativas, performances, caravanas mediáticas y artísticas que producen reconocimiento social de la movilidad.
Al poner frente a la historia y diversos casos en México se puede observar un autoritarismo, no de un régimen de partido en específico, sino de un gobierno global que está en constante confrontación con el activismo migrante. Son conocidos algunos casos de este tema como el proceso de criminalización de personas que ayudan a migrantes a través de discursos trafiquistas. Así ocurrió con Mamá África en Tapachula Chiapas, una mujer mexicana que ayudaba a migrantes además vendía comida con recetas de Asia, Medio Oriente y África. Igual ocurre en el caso de las Patronas, mujeres que lanzan mensajes y alimentos a migrantes que están en un tren en movimiento conocido como «La Bestia». A ellas les ocurre que la comunidad de Veracruz los ve con recelo a lo que ellas responden «Nos dicen que si estamos locas, que si cometemos un delito. Pues si alimentar a los migrantes de mi bolsillo es un delito, soy culpable» (Infobae, 15 de junio de 2019).
Otros casos, como los de organizadores de caravanas como Luis García Villagrán tienen líneas más difusas, aunque es coordinador del Centro de Dignificación Humana y se autoproclama como traficante de sueños y rey del amparo, ya fue sentenciado en Chiapas por secuestro y asociación delictuosa por lo que cumplió 12 años de prisión. Este es un caso excepcional para realizar algunos matices, por ejemplo, ¿la persona puede ser considerada un tratante de personas? o ¿el gobierno le imputa cargos y sentencias que lo hacen ver como un ilegal? Si los sistemas de movilidad en el mundo no fueran restrictivos los migrantes no tendrían que recurrir a prácticas como el de caravanas, contratación de actores que les prometen movimiento o la exposición a peligros enormes.
Otros actores como la academia también han sido vulnerados, nuevamente, no por un sólo actor o por un partido, sino por un sistema autoritario con el control de la movilidad humana. En el caso de Jorge A. Bustamante, fundador de El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), narra cómo sus ideas fueron respondidas «con balazos» en el edificio del Colef Tijuana al denunciar la extorsión de policías hacia migrantes (Bustamante, 2012, p. 125).
Cuando se estudia el proceso migratorio se pueden cometer varios sesgos, no de razón, sino de emoción para lo que es necesario definir ¿Cuáles son los Marcos para definir que es ilegal y que no lo es? Que el derecho no se articule con política, economía y voluntades, sino en estrecha relación con la ética. ¿Qué es el activismo? Alguna vez en un foro escuché una crítica sobre la palabra activar o realizar ciertas acciones que son definidas como activismo. ¿Cómo definir y estudiar el autoritarismo de los regímenes de inmovilidad en todo el mundo?
*Momoxca, internacionalista, escritor y migrantólogo.