En dos colaboraciones anteriores (LJM, 27 junio y 19 septiembre 2024), me referí al escenario que se abre con la reforma al Poder Judicial y la obligada revisión que se debe hacer, luego de algunos años de funcionamiento, de lo que será el nuevo sistema de impartición de justicia. Para ese entonces, es necesario un ejercicio serio, en el que participen los expertos, la sociedad civil y las universidades, a fin de decidir si deben hacerse o no “reformas a la reforma”.
Reconozco que no tenía intención de regresar al tema. Sin embargo, he cambiado de opinión ante lo que observo en el proceso electoral judicial en curso. Estamos a escasos días de que se establezca un hito en la historia institucional de este país. Al margen de fobias o filias, tenemos la obligación de poner el dedo en lo que será determinante y trascendente para el país. Que nadie diga después “callaron como momias”.
Identifico tres aspectos que muestran el sello del proceso que estamos viviendo. Coloquialmente hablando, hay cuestiones que “brillan por su ausencia”. Hay otras que resultan de “obviedad manifiesta”, pues saltan a simple vista. Finalmente, hay esquemas que se deben plantear (es la tarea de los académicos), para contar en la jornada electoral judicial, con un mínimo de transparencia. Ese mínimo abonaría a la credibilidad del proceso.
Ausencias. De lo que se ha visto en los medios de comunicación, los “candidatos” (vaya expresión tan fuera de lugar para un juzgador), no se refieren a tres aspectos centrales en la conformación del Poder Judicial. No mencionan la expresión “independencia” en la labor que habrán de realizar; no destacan la relevancia del respeto irrestricto al Estado de Derecho, ni presumen que saben hacer la labor jurisdiccional. Estos aspectos son fundamentales. Acaso, de entrada ¿están declinando una actuación independiente ante los otros poderes del estado? Acaso, ¿era la condición de facto o implícita para participar? Es una mala señal.
¿Por qué no ser enfático en la defensa del Estado de Derecho? Esa es la labor de un juzgador. Deben realizar una labor pedagógica para que el común de la gente entienda lo que significa esa expresión y la trascendencia para un sistema democrático en el país. Es necesario que todos y todas entendamos que los y las gobernantes tienen como obligación inicial, principal y permanente respetar la ley y el orden jurídico establecido desde la Constitución. Sería de gran impacto reiterar en sus mensajes que “la ley sí es la ley”. Es decir, la gente apoyaría a quien está dispuesto a exigir que todas las personas, empezando por las autoridades, tienen como obligación ineludible someterse al imperio de la ley. Esto es más relevante que ofrecer “cercanía con el pueblo” (mejor tener cercanía con el orden jurídico); u ofrecer apoyo en la IA para mejorar procesos administrativos (mejor inteligencia jurídica para fortalecer el Estado de Derecho).
Entre quienes buscan ser jueces, magistrados o ministros, los hay con perfil adecuado para desempeñar la función. Les digo ¿Por qué no señalar que tienen criterio jurídico para resolver litigios jurisdiccionales? Les pido, señalen a la gente aquellos criterios jurídicos relevantes de los que fueron autores y marcaron precedente en decisiones trascendentes para el país (cualquiera sea el área en la o las que hayan trabajado). Es decir, que marcaron rumbo en el orden jurídico patrio. Eso es lo que le interesa conocer a los potenciales electores. Muestren sus credenciales jurídicas. Se necesita saber quiénes tienen capacidad, conocimiento y sensibilidad para resolver casos de repercusión para el desarrollo del país. Eso es lo que debería marcar la diferencia. Necesitamos juzgadores que sepan el compromiso real que asumen de cara a la Nación. No queremos jueces con ideología política, ni con compromiso partidista, ni estar sometidos a conveniencias políticas. ¿Es mucho pedir?
Presencias. Lo evidente no se puede ocultar. Este proceso, a pesar de las supuestas reglas de equidad, es una calca de una campaña política. Incluso se cuestiona la abierta intervención de un partido político. Los spots en medios de comunicación son igual de atosigantes; el hartazgo de la gente está a la vista. Hay, entre los que buscan ser elegidos, que actúan como candidatos políticos, sea que se escudan detrás de un alimento chatarra o los que buscan ser conocidos o conocidas con un sobrenombre o apelativo. ¿Es lo que necesita un país democrático? Por supuesto que no. Pero desnudan lo que hay detrás. Por favor, ¡seamos serios!
Sugerencias. Ante el evidente y notorio desdén del grueso de la población por las elecciones judiciales, sólo plantearía un esquema. Que se establezcan medidas para evitar el riesgo de las trapacerías políticas (llenado de urnas, acarreo de gente). Maxime que en su mayoría no habrá observadores ciudadanos en los lugares de votación, ni serán ciudadanos quienes realicen el cómputo de votos. Propongo se graben todos los cierres de casillas; que los videos sean del conocimiento público; que los expertos revisen el proceso y que emitan un dictamen al respecto.
¿Qué debe esperarse de las autoridades responsables, de los participantes y del gobierno?, que acepten lo que les señale la sociedad civil. Es la única manera de que ganen credibilidad. ¿Acaso veremos un participante (me niego a llamarlo candidato) que impugne el proceso alegando una elección de Estado? ¿Qué sucederá en ese supuesto? De otra manera siempre estará la duda de tratarse de una farsa. Hay la creencia en mucha gente que “esto fue manejado y determinado de antemano” y que la jornada electoral sólo es un requisito de forma. Esto sería una burla para México.
Insisto, ¡debemos ser serios!.
* Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) / eguadarramal@gmail.com
