El pasado 2 de octubre, como cada año, estudiantes, colectivos y organizaciones sociales salieron a las calles a rememorar el 57 aniversario de la lamentable masacre estudiantil de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en la capital del país. En esta ocasión se añadieron causas más recientes: la seguridad en la UNAM, tras la muerte de un estudiante en el CCH Sur, el fin del genocidio en Gaza y el clamor de justicia por los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

La marcha derivó en violencia extrema por un grupo minoritario, lo que dejó varios lesionados -entre ellos manifestantes, policías y reporteros-, además de saqueos y destrozos a inmuebles y negocios, atribuyéndoselos diversas notas periodísticas al grupo de encapuchados del autodenominado “bloque negro”. De todos los lamentables acontecimientos, es de llamar la atención los cometidos en contra del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, recinto emblemático repositorio del Memorial del movimiento estudiantil de 1968, desvirtuando el objetivo legítimo de la marcha de demandar justicia y, mayormente, que hechos como esos no se repitan, provocando grandes daños materiales al inmueble. Pareciera que estos grupos traen una agenda de provocación y mandar un mensaje de intimidación, dejando de lado sus derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y protesta.

A lo anterior, se suma la lamentable muerte de un joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, a manos de otro estudiante al parecer diagnosticado con depresión, circunstancia que impone, como señaló el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, atender los problemas de salud mental de las y los estudiantes de manera preventiva y no esperar a que ocurran hechos como el que se comenta. Por lo anterior, ha sido claro y puntual la postura de la autoridad universitaria en cuanto a fortalecer las medidas de seguridad y ha iniciado diálogos con sus comunidades, y asumido también el que debe profundizarse y ampliarse la atención emocional.

También se recibieron amenazas anónimas de bombas en instalaciones universitarias, conductas que buscan confundir y generar incertidumbre en la comunidad, motivando a las autoridades a actuar responsablemente ante el riesgo que las amenazas implican, suspendiendo las clases presenciales pasándolas a actividades en línea. Adicional a lo anterior, algunas entidades se fueron a paro al ser tomadas por estudiantes en protesta por la inseguridad. Sin embargo, pudiera caber el refrán que dice “a río revuelto ganancia de pescadores” y, en este caso, las amenazas pudieran estar buscando minar el orden universitario y debilitar su autonomía.

Al respecto, el rector Lomelí indicó que se han presentado las denuncias correspondientes. La autonomía no debe ser un obstáculo para que la autoridad competente intervenga, actúe e investigue para dar con los responsables: autonomía no es extraterritorialidad. La autonomía conlleva la facultad de autodeterminación académica para fijar sus planes y programas de estudio, de docencia, de investigación y de difusión de la cultura, así como la facultad de autogobierno que le permite establecer su propia forma de gobierno, bajo los procedimientos que determine, entre otros, para la designación de sus autoridades, para que sea su propia comunidad la que asuma esas determinaciones, dándole también la capacidad para autorregularse a través de su propia legislación, que deberá estar acorde con el orden jurídico nacional.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas reconoció que las tentaciones por debilitar la autonomía universitaria -en menor o mayor grado- han existido a lo largo de la historia por parte de los poderes públicos, ya sea en el ámbito presupuestal o con la pretensión de orientar los contenidos de la docencia e investigación o bien buscando incidir en la designación de sus autoridades, entre otros intentos por minarla y que haya intromisiones indebidas en su vida interna, por ello cobra gran relevancia lo expuesto por el rector respecto a la importancia de la autonomía, quien categóricamente señaló que su ejercicio “debe defenderse frente a cualquier intento de control político o de subordinación ideológica”.

En materia de seguridad ha sido propuesto por la autoridad brindar capacitación inmediata y permanente del personal de vigilancia, así como revisar y robustecer los controles de acceso y mejorar la infraestructura de seguridad, como mejorar la iluminación en espacios públicos y los sistemas de vigilancia, principalmente en horarios nocturnos, así como fortalecer su infraestructura e incrementar la calidad. Lo anterior abonará a un pronto regreso a la normalidad.

Finalmente, la UNAM continuará manteniendo firmes sus objetivos y fortalecer sus tareas para lograr la excelencia académica, para incrementar su vinculación con la sociedad, para seguir haciendo planteamientos para la solución de los grandes problemas nacionales y para formar, como dice su legislación, técnicos y profesionales útiles a la sociedad.

* Especialista en Derechos Humanos

Luis Raul González Pérez