Economía circular: el nuevo marco, las viejas deudas
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el pasado 19 de enero de 2026 el decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular, que entró en vigor el 20 de enero de 2026 y establece un nuevo marco jurídico para transformar el modelo productivo, de consumo y gestión de residuos en México.
La reciente entrada en vigor de esta Ley marca un paso relevante en la transformación del modelo productivo del país. Su premisa es clara: México no puede seguir sosteniendo un esquema lineal basado en extraer, producir, consumir y desechar, en un contexto de agotamiento de recursos naturales, presión ambiental creciente y conflictos sociales asociados al uso de bienes comunes como el agua, el suelo y la energía. La Ley busca sentar las bases para transitar hacia un modelo que privilegie la reducción de residuos, el aprovechamiento de materiales, la eficiencia en el uso de insumos y la disminución de impactos ambientales a lo largo de los ciclos productivos.
Entre sus objetivos centrales destacan la promoción del ecodiseño, la valorización de residuos, el impulso a cadenas productivas circulares, la corresponsabilidad entre productores, consumidores y autoridades, así como la generación de incentivos económicos y regulatorios para cerrar ciclos de materiales. En el papel, la Ley se presenta como un instrumento transversal, con potencial para incidir en sectores estratégicos como la industria, la construcción, la agroindustria y los servicios, alineándose con compromisos ambientales y climáticos de mediano y largo plazo.
Sin embargo, cuando se revisa la Ley desde la óptica del agua, surgen preguntas inevitables. ¿Tiene impactos reales en el saneamiento y el reúso? ¿Contribuye a resolver uno de los mayores pendientes estructurales del país: el tratamiento insuficiente de las aguas residuales y su escaso aprovechamiento? La respuesta es matizada. La Ley reconoce al agua como un insumo clave en los procesos productivos y, de manera indirecta, abre la puerta a su uso más eficiente mediante esquemas de recirculación, aprovechamiento de aguas residuales tratadas y reducción de descargas contaminantes. En ese sentido, el concepto de economía circular dialoga naturalmente con el saneamiento y el reúso, aunque no los desarrolla de forma explícita ni operativa.
El problema es que, en la práctica, el ciclo del agua sigue fragmentado. El tratamiento de aguas residuales continúa viéndose como un costo y no como una oportunidad, y el reúso permanece limitado por limitaciones normativas, barreras técnicas, desconfianza social y ausencia de incentivos claros. La Ley de Economía Circular aporta el marco conceptual, pero no sustituye la necesidad de políticas específicas en materia hídrica que integren de manera decidida el saneamiento, el reúso y la recuperación de subproductos —agua, energía y nutrientes— como parte de un mismo sistema.
Si la economía circular aspira a ser algo más que un discurso ambiental, el agua debe ocupar un lugar central. No puede haber circularidad real mientras sigamos descargando millones de metros cúbicos de aguas residuales sin tratar, sobreexplotando acuíferos y desaprovechando una fuente estratégica para la seguridad hídrica, la resiliencia urbana y la adaptación al cambio climático. La nueva Ley es una oportunidad para alinear agendas, pero su impacto en el saneamiento y el reúso dependerá de cómo se articule con la política hídrica, los instrumentos de planeación y, sobre todo, con decisiones presupuestales y regulatorias que reconozcan que cerrar el ciclo del agua ya no es opcional, sino indispensable.
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR
