Agua, presión internacional y orden interno
En las últimas semanas, el agua ha vuelto al centro del debate público en nuestro país por dos razones distintas, pero profundamente conectadas. Por un lado, la presión de Estados Unidos para que México cubra el adeudo de agua que tiene con ese país en el marco del Tratado de 1944, con la amenaza explícita de sanciones comerciales anunciadas por el presidente Donald Trump. Por otro, la expedición de la nueva Ley General de Aguas y Reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que ajustan las reglas del juego en lo que se refiere a la gestión del recurso. Ambas señales apuntan a una misma conclusión: el agua dejó de ser solo un problema técnico y se ha convertido en un asunto estratégico de política interior y exterior.
El Tratado de 1944 no es nuevo ni desconocido. Durante décadas ha regulado el reparto de las aguas internacionales de los ríos Bravo y Colorado, con episodios recurrentes de tensión en periodos de sequía. Sin embargo, el contexto actual es distinto. La presión climática, la sobreexplotación de cuencas y la politización del tema desde Estados Unidos colocan a México en una posición vulnerable. Cumplir con el adeudo no es solo una obligación jurídica; es una decisión política para evitar represalias económicas que afectarían sectores clave del país.
El problema es que esta “solución” se construye, una vez más, sobre sistemas hídricos internos ya estresados, particularmente en el norte del país. México no puede aspirar a cumplir de manera sostenible sus compromisos internacionales si no ordena primero su gestión interna. Sin reglas claras, medición confiable y autoridad efectiva, cada cumplimiento externo se convierte en una solución de corto plazo con impactos internos acumulativos.
En este contexto, las recientes reformas a la Ley de Aguas Nacionales adquieren una relevancia central. Estas modificaciones buscan corregir fallas estructurales del modelo vigente: concesiones otorgadas sin control efectivo, escasa supervisión de extracciones y descargas, padrones poco depurados y una autoridad del agua debilitada en sus capacidades de inspección y sanción. Las reformas apuntan, al menos en el diseño normativo, a recuperar la rectoría del Estado sobre el recurso y a sentar las bases para una gestión más ordenada y transparente.
A este proceso se suma la expedición de la nueva Ley General de Aguas, que amplía el marco conceptual y político de la gestión hídrica en el país. La Ley incorpora principios como el derecho humano al agua, la prioridad del uso doméstico, y refuerza la gestión integrada por cuenca y acuífero y una mayor corresponsabilidad entre los distintos órdenes de gobierno. Pero también traslada un reto mayúsculo a los estados: armonizar sus marcos legales, fortalecer a sus autoridades locales y asumir un papel más activo en la planeación, el control y la vigilancia del recurso.
La conexión entre estos tres elementos es evidente. Sin un orden interno sólido, basado en leyes aplicables, instituciones fuertes y decisiones políticas firmes, México seguirá enfrentando presiones externas sin margen de maniobra. La armonización legal, el fortalecimiento de la autoridad del agua y la aplicación efectiva de la ley no son tareas administrativas; son condiciones indispensables para garantizar soberanía hídrica y estabilidad social.
El mensaje es claro. El agua dejó de ser un tema que pueda gestionarse de manera reactiva. Tratados internacionales, reformas legales y nuevas leyes generales solo tendrán sentido si se traducen en gobernanza efectiva. De lo contrario, el país seguirá pagando los costos de no haber puesto orden a tiempo.
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR