El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad
El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad es una iniciativa del gobierno mexicano, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua para toda la población. Este acuerdo fue firmado el pasado lunes 25 de noviembre de 2024, con la presencia de los 32 gobernadores del país, representantes del sector empresarial, organizaciones agrícolas y académicas. Una extraordinaria convocatoria.
Como lo comentamos en la columna de la semana pasada, este acuerdo forma parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, presentado el 21 de noviembre de 2024, que establece una hoja de ruta para combatir la crisis hídrica en México, priorizando el consumo humano y promoviendo el ordenamiento de las concesiones y el saneamiento de ríos.
Los objetivos principales del acuerdo incluyen:
El reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental. Se enfatiza que el agua no debe ser tratada como una mercancía, sino como un recurso esencial al que todos los mexicanos deben tener acceso.
La optimización del uso del agua en la agricultura. Se destinarán al menos 9 mil millones de pesos en 2025 para tecnificar el riego en el campo, con el fin de liberar recursos hídricos para otros usos, especialmente el consumo humano.
Cumplimiento de normativas por parte de la industria. Se busca que las empresas cumplan con las regulaciones de tratamiento de aguas residuales y promuevan el uso de agua reciclada, contribuyendo así a la conservación del agua potable para usos más críticos.
Saneamiento de ríos contaminados. El plan incluye el rescate de los tres ríos más contaminados del país: Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, con el objetivo de restaurar el medio ambiente y garantizar agua de calidad.
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, destacó en su mensaje que el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad representa un cambio de paradigma hacia un modelo integral de desarrollo sostenible, superando la “visión extractivista y privatizadora del periodo neoliberal”. Este es el punto que me gustaría comentar con mayor profundidad porque veo un alto riesgo de que la administración de las aguas nacionales se vea sesgado por razones ideológicas carentes de sustento.
Primero, se habla de una revisión y regularización de concesiones existentes. Según se dice, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de las concesiones actuales para identificar y corregir irregularidades, asegurando que todas las concesiones cumplan con los requisitos legales y reglamentarios establecidos. Esto parte del principio de que hay concesiones que no lo hacen, y seguramente habrá algunas con errores, pero la enorme mayoría cumplen con los requisitos legales y reglamentarios vigentes. ¿Cuáles serán los criterios para esa “revisión”? ¿Estará basada en criterios objetivos o se utilizará para quitarle volumen (o la concesión completa) a empresas privadas? Las concesiones no otorgan la propiedad sobre las aguas, estas siempre mantienen su carácter de bien nacional, no existe tal visión “privatizadora”. Insisto, ojalá que esto no sea usado como argumento para afectar al sector privado, específicamente al sector industrial o de servicios, que en su conjunto producen, más del 90% del Producto Interno Bruto del país.
Luego, se menciona la “creación de un registro unificado de concesiones” que establecerá un sistema centralizado que consolide toda la información sobre concesiones y transmisiones de derechos de agua, facilitando la transparencia y el acceso a datos precisos sobre la disponibilidad y uso del recurso hídrico en el país. Este registro existe desde hace décadas y se llama Registro Público de Derechos de Agua (REDA), cualquier persona lo puede consultar en Internet, es falso que se vaya a crear, sin embargo, si se le pueden hacer muchas mejoras, especialmente en lo que respecta a la actualización de los datos. Muchas coordenadas de los aprovechamientos están equivocadas y los datos de los titulares, direcciones o datos de contacto ya no están vigentes. Hay que actualizarlo y mantenerlo en constante actualización.
*Profesor, consultor y gerente general de AQUATOR