Conductas reiteradas de probable corrupción, una historia de Hacienda
El 21 de febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación remitió a la Secretaría de Hacienda los resultados de las revisiones practicadas a siete capítulos de gasto federal ejercidos en el 2023 directamente por el Ejecutivo de Morelos, y uno por el organismo descentralizado, Servicios de Salud Morelos. Sólo en una de las revisiones, la practicada al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) no se registró observación alguna, lo que resulta bastante obvio dado que corresponde a la cuenta de la nómina del magisterio que, tal como llega se dispersa en las cuentas de los profes y trabajadores administrativos a quienes paga el Instituto de la Educación Básica.
Las siete revisiones que arrojaron observaciones suman un probable daño a la Hacienda Pública Federal (así lo escribe la Auditoría) por más de dos mil 419 millones de pesos, provocado por la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
La auditoría 1348 es la que presenta un monto más abultado con mil 685 millones 214 mil 400 pesos por aclarar; pero también evidencia conductas que, conforme a otros reportes de auditorías practicados por la entidad federal, resultaban prácticas cotidianas de la administración de Cuauhtémoc Blanco por lo menos desde el primer relevo en la Secretaría de Hacienda.
Hagamos un poco de historia. El primer secretario de Hacienda que nombró Cuauhtémoc Blanco fue Alejandro Villarreal Gasca, quien renunció al cargo apenas 22 meses después de haber rendido protesta. Villarreal era parte del equipo de José Manuel Sanz Rivera, quien al principio del sexenio era el “hombre fuerte” de la administración Blanco.
Sanz había sido poco antes golpeado por la investigación del llamado Caso Primavera, en que se le involucraba con triangulaciones ilegales de recursos; el entonces jefe de la Oficina de la Gubernatura no pudo superar el golpe y su poder se iría extinguiendo paulatinamente mientras la influencia de Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador y operador de las decisiones desde fuera del gabinete iba creciendo.
Tres días después de dejar el cargo, Villarreal Gasca aseguraba que dentro y fuera de la administración había personas más cercanas al gobernador que presumían “hermandad y amistad” con él y que básicamente eran quienes manejaban ya el gobierno con intereses personales y mezquinos muchos de ellos.
Pese al alto grado de especialización que requiere hacerse cargo de la Hacienda Pública, el cargo no duró desocupado ni unos minutos, inmediatamente después de la renuncia de Villarreal, Cuauhtémoc Blanco entregó el nombramiento, a partir del 1 de agosto del 2020 a Mónica Boggio Tomazas Merino, documento que, en una curiosa irregularidad fue aprobado el mismo 1 de agosto, pero publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad hasta el 2 de diciembre de ese año. El mismo día de su nombramiento, la nueva secretaria designo a José Gerardo López Huérfano como coordinador de Programación y Presupuesto y lo convirtió en la persona más importante en el despacho. A los dos nuevos funcionarios de Hacienda se les identificaba al interior del gabinete como personas de confianza más de Ulises Bravo que del gobernador Blanco Bravo.
Los primeros días de mayo del 2022, en medio de más escándalos de corrupción en los que asomaban las manos de Cuauhtémoc Blanco y Ulises Bravo Molina (el escándalo en la asignación de notarías y las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y otros delitos en contra del entonces gobernador) fueron cesados José Manuel Sanz Rivera y Pablo Ojeda Cárdenas (secretario de Gobierno), quienes aún representaban (o por lo menos eso pretendían) un freno al enorme poder de Ulises Bravo. Mónica Boggio fue instalada en la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, López Huérfano se hizo cargo de Hacienda, y Samuel Sotelo de la Secretaría de Gobierno.
Los reportes de auditorías federales (y los pocos estatales que ha podido completar la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos), parecen evidenciar por lo menos las recurrentes infracciones a la normativa del gasto público que se traducen en probables daños multimillonarios al erario.
Una de las conductas recurrentes se presentaba en la Comisión Estatal de Seguridad Pública donde en más de dos ocasiones “en los procedimientos de adjudicación, las empresas participantes realizaron acciones que implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida” al encontrarse vinculadas “entre sí por un mismo socio, accionista, apoderado legal o administrador único en común, con respecto a la ganadora, o en su caso, entre empresas concursantes”.
Otras que se fueron generalizando: la falta de, por lo menos, la documentación para adjudicaciones directas o concursos para la asignación de contratos de obra pública; la presunta adquisición de materiales inexistentes; los tratos con empresas que incumplían los requisitos, los plazos y hasta la entrega de los productos, insumos o servicios contratados; las compras a sobreprecio; los pagos a personal que había sido dado de baja, que no cumplía con los requisitos académicos o profesionales para los puestos que ocuparon, que cobraban con un registro federal de contribuyentes diverso al que les correspondía, o que recibían salarios más altos de los establecidos en los tabuladores. Todos estos problemas administrativos aparecen reiteradamente en las revisiones de los auditores a los gastos del 2022 y 2023 en Morelos, esos que correspondieron directamente a Gerardo López Huérfano y que no se presentaban, por lo menos con tal frecuencia, en ejercicios anteriores.
A partir de la notificación a la Secretaría de Hacienda, hoy en manos de Mirna Zavala Zúñiga, se abren tres procesos diferentes; uno, el de aclaración de los montos que sea posible aclarar; y los otros dos tienen relacionados con la investigación e imposición de sanciones quienes resultarían responsables de las malas prácticas, en el entendido de que algunas constituyen faltas evidentes a la norma y no admiten aclaraciones; parte de esta investigación tocará a la propia Auditoría Superior de la Federación, pero otra le corresponde a la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal que, por cierto, ya también fue notificada de la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias que le corresponde aplicar.
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