A pesar de la diplomacia y discreción que envuelven el proceso y hacen parecer que no ocurriera nada, lo cierto es que hay indicadores evidentes de la marcha de un proceso de depuración en el Poder Judicial de Morelos.
La reunión de este viernes convocada por la gobernadora, Margarita González Saravia, y a la que asistieron tanto el fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, fue más allá de la mera disposición para coordinar los trabajos de las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia en Morelos, no solo por el contenido de la conversación privada que sostuvieron los protagonistas, sino por el contexto en que se presenta.
Elizalde Figueroa solicitó hace unos días a la Junta de Administración y Vigilancia, un informe completo sobre las quejas en contra de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia. Se trata de por lo menos un centenar de expedientes, la mayoría de ellos presentados antes de que asumiera la presidencia del Tribunal y que fueron congelados por la gestión del expresidente, Luis Jorge Gamboa Olea. La idea es dar procedencia a los que no hayan prescrito, pero hacer un ejercicio profundo de sensibilización y capacitación para todo el personal, con el fin de garantizar un trato humano y procesos más eficientes en el Poder Judicial.
En paralelo, se ha iniciado la rotación de una decena de jueces en materia penal para evitar sospechas de contaminación con su permanencia en los lugares donde estaban adscritos, si bien se trata solo de una tercera parte del total de juzgadores penales del estado, se sienta un precedente que evidencia también la voluntad de que las cosas caminen y la justicia funcione mejor en el estado.
A ello habría que sumar que, a diferencia de anteriores intervenciones de la Fiscalía Anticorrupción para realizar actos de investigación por denuncias en contra de juzgadores, la del jueves pasado en Cuautla no solo fue discreta, sino acompañada por la colaboración y comprensión de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia que, a diferencia de sus antecesores, no intentó hacer del tema un escándalo político, ni presentar al Poder Judicial de Morelos como víctima de alguna persecución. Los funcionarios públicos colaboraron y permitieron que se desarrollaran las diligencias en paz.
En este marco, el encuentro de Elizalde Figueroa con la gobernadora y el fiscal adquiere un tono que trasciende las buenas intenciones. No solo de trata de ver ya la paja en el ojo ajeno, como reza el dicho, sino de demostrar un profundo sentido de autocrítica y la voluntad de corregir lo que está fallando en los juzgados y las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, con el compromiso adicional de que, si se detectan irregularidades en las determinaciones de juzgadores no solo se corregirán éstas, sino también se sancionará a los responsables en caso de encontrar dolo.
Más allá del empedrado camino que tuvo que transitarse las semanas anteriores en la naciente colaboración del Poder Judicial para la construcción de la paz en Morelos, y aún con la innegable buena voluntad que se muestra en una renovada diplomacia en el trato entre Ejecutivo, Judicial y Fiscalía; nadie puede negar que hay, por lo menos, la voluntad y los primeros esfuerzos para que, incluso antes de la elección de juzgadores y ministros del 2027, el Poder Judicial se limpie y funcione.
