En Morelos, a pesar de que desde 2019 existe una prohibición expresa del matrimonio infantil y sanciones de hasta ocho años de cárcel para quienes lo promuevan, aún persiste esta práctica en comunidades rurales. El caso reciente de al menos cinco uniones de menores en Axochiapan, denunciado por la diputada Ruth Rodríguez López, desnuda una realidad dolorosa: las niñas siguen siendo obligadas a “casarse” en nombre de costumbres y prácticas familiares que vulneran de raíz sus derechos humanos y atentan contra su sano desarrollo físico y mental.
El derecho a decidir sobre la propia vida, a desarrollarse plena y libremente, es negado de tajo cuando una niña es entregada a un adulto bajo el disfraz de matrimonio o unión. Se le arrebata la infancia, se le condiciona a la maternidad temprana y se le somete a una forma de esclavitud doméstica que no puede justificarse en usos ni tradiciones. Hablar de matrimonio infantil es hablar de violencia y de violación de derechos fundamentales.
No se trata solamente de combatir el registro civil de estas uniones, que desde 2020 no aparecen en cifras oficiales, sino de reconocer que, en los hechos, los matrimonios infantiles siguen ocurriendo bajo la sombra de la complicidad comunitaria y del silencio incluso de los progenitores. Ni los padres, ni los familiares que permiten, negocian o promueven estas prácticas pueden quedar exentos de responsabilidad. La ley, por dura que parezca, debe aplicarse también a ellos, porque ningún lazo de sangre justifica condenar a una menor a una sumisión que marcará toda la vida.
Los números son contundentes. En Morelos, hasta el 2020 había 3 mil 626 casos de menores de 17 años casados o en unión libre; dos mil de esas niñas lo hicieron con hombres adultos. Y si bien el Registro Civil no admite ya formalmente estos matrimonios, las denuncias actuales muestran que el problema subsiste bajo la mesa. A ello se suma el dato del INEGI que reporta en 2023 un total de mil 409 nacimientos de madres menores de 17 años, entre ellas 76 niñas de entre 10 y 14 años. Esta realidad enlaza dos violencias: la imposición de un matrimonio forzado y el embarazo infantil.
La iniciativa que se prepara en el Congreso para elevar las penas es un paso necesario, pero insuficiente si no va acompañado de una vigilancia real y de una acción institucional efectiva. Reforzar el marco jurídico debe ir de la mano con políticas públicas, protección a las víctimas, campañas educativas y un compromiso frontal de las autoridades locales para detectar y sancionar a quienes perpetúan estas uniones ilegales.
Se debe empezar por reconocer que el matrimonio infantil no es un asunto privado, sino un delito y una afrenta social. Erradicarlo exige reconocer que el silencio y la tolerancia lo alimentan. La protección de la niñez debe estar por encima de costumbres perniciosas, de supuestos pactos familiares y de inercias comunitarias.
Morelos no puede permitirse seguir siendo tierra de matrimonios infantiles disfrazados de “tradición”. Proteger a las niñas es, en esencia, defender el futuro de nuestra sociedad. No hay excusa para mirar a otro lado: cada niña forzada a unirse en matrimonio es una vida truncada y un fracaso colectivo.
