Uno de los más sentidos agravios que experimenta la sociedad mexicana es la corrupción. Desde hace mucho tiempo se sabe -y se admite por todos, incluyendo gobernantes- que a nuestro país y a nuestro estado lo presionan unas pinzas invisibles conformadas, por un lado, por la corrupción en todas sus modalidades y, por el otro, por la impunidad que hace invencible a la primera.
Y es que tampoco es secreto que, en términos de colusión, una mano lava a la otra y así se perpetúa el círculo vicioso en el que las víctimas somos todos quienes vemos como se erosionan las leyes que solo parecen aplicarse a unos cuantos, principalmente a los que muy probablemente no infringen la ley como forma de vida.
Más adelante podrá encontrar un reportaje en el que se detallan cuatro casos a cargo de la Fiscalía Anticorrupción en los que existe la sospecha de que hay factores que pesan más que las normas y las pruebas.
Son casos de figuras notables -uno de ellos, aún en funciones, pero cuyo desempeño parece haber ayudado a entrampar los otros- y podrían ilustrar las razones de los magros resultados de la Fiscalía Anticorrupción, en la década que tiene de operación. Ahora son responsabilidad del nuevo Fiscal que parece haberse ganado la rifa del tigre en la administración estatal.
La corrupción es algo más que un acto ilegal; es una herida abierta en el cuerpo de cualquier sociedad que aspira a vivir bajo el amparo del derecho y que debería poder confiar en la ley para protegerlo más allá de sus posibilidades materiales. Cuando se tolera, se institucionaliza; y cuando se institucionaliza, contamina no sólo a quienes la practican, sino también a quienes la padecen en silencio o por necesidad.
En este escenario, las instancias legales —como las fiscalías especializadas, los tribunales y órganos de auditoría— no sólo tienen la responsabilidad legal de actuar, sino también una obligación moral con los principios elementales de justicia. Cada omisión, cada carpeta que se congela, cada proceso que se desvanece por tecnicismos o complicidades profundiza la percepción de que la ley no es para todos.
Combatir la corrupción desde la legalidad implica más que castigar: implica restaurar. Restaurar la confianza, el orden institucional, la idea misma de que el poder público puede ser ejercido con integridad. La aplicación de la ley debe ser firme, transparente, y, sobre todo, independiente de los intereses políticos. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los órganos encargados de impartir justicia se convierten en cómplices involuntarios —o voluntarios— de aquellos a quienes deberían investigar.
La corrupción y la impunidad no son consecuencias inevitables: son decisiones institucionales. Y mientras esa decisión no cambie, ningún discurso sobre transformación, regeneración o legalidad tendrá credibilidad. La democracia no se defiende con palabras, sino con procesos judiciales justos, públicos, eficaces y expeditos.