La corrupción ofende, pero el cinismo suele provocar la ira ciudadana.
El 27 de septiembre del año pasado, cuando se vivían los últimos días de la pesadilla que fue para los morelenses la administración de Cuauhtémoc Blanco, un grupo de sospechosos beneficiarios de ese régimen inauguró el Centro de Reinserción Social (Cereso) 10, ubicado en una antigua instalación de la Fiscalía General de la República sobre una arteria con graves problemas vehiculares en Cuernavaca.
Desde el anuncio de la obra, a principios de ese año, y luego su ratificación en agosto, para la gente de Morelos quedaba la duda de si esa instalación cumplía con lo necesario para funcionar adecuadamente como un penal, o si solo se trataba de una “solución” sobre las rodillas al grave problema de sobrepoblación penitenciaria causado justamente por el régimen de Blanco y su comisionado de seguridad, José Ortiz Guarneros.
En la inauguración estuvieron presentes el secretario de Gobierno en funciones de titular del Ejecutivo, Samuel Sotelo Salgado; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea; la diputada federal, Sandra Anaya Villegas; y el propio Ortiz Guarneros; todos ellos hoy bajo la sospecha de diversos actos de corrupción. Se trataba de un acto innecesario y en su momento se consideró hasta una grosería contra quien estaba a punto de asumir la gubernatura, Margarita González Saravia.
Entonces se habló de una inversión de hasta mil 700 millones de pesos para habilitar la antigua instalación como penal de mediana y alta seguridad; de ese dinero, doscientos millones fueron solicitados adicionalmente para garantizar condiciones dignas para la readaptación social, se dijo entonces. Pero el penal no servía, en un reflejo de casi todo el sistema penitenciario corrupto, inhumano y disfuncional que heredó Cuauhtémoc Blanco a Morelos.
Aquel acto inaugural fue un enorme engaño, como casi todo lo que ocurrió el sexenio anterior, pero este montaje tuvo el agravante del cinismo en tiempo y espacio.
La gobernadora, Margarita González Saravia, recibió un sistema penitenciario convertido en un negocio para funcionarios públicos en donde se cobraban cuotas ilegales que iban desde el cobro de derecho de piso hasta los de alimentos y visitas, corruptelas que generaban al mes millones de pesos de ingresos abusivos e ilegales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició entonces un proceso de dignificación en los penales del estado, y ese proceso incluyó al “nuevo” Cereso 10 cuya operación tuvo que ser suspendida dado el cúmulo de denuncias por corrupción en su construcción y habilitación.
Grave que la nueva administración gubernamental deba erogar más recursos para corregir las fallas en el penal que incluso deberá ser reasignado como de baja seguridad o como centro femenil, y así poderse utilizar.
Las denuncias en torno a las acciones de la extinta Comisión Estatal de Seguridad Pública y las del sistema penitenciario que tenía a su cargo, deben agotarse y sancionar a los responsables de cada uno de los actos criminales y de corrupción cometidos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco. Se trata de un acto de justicia, pero también de reivindicación moral de las instituciones, especialmente porque el cinismo aún no es considerado como un agravante de los crímenes, por mucho que debiera serlo.
