Muy poco parece haber durado el gusto de tener a los poderes del estado sentados en la misma mesa para discutir y trabajar en las formas de construir la paz, frenar la violencia y disminuir al mínimo los índices delictivos en Morelos.
Después de varias semanas de acusaciones públicas desde las autoridades de seguridad estatales y municipales, y la Fiscalía General del Estado contra determinaciones de jueces que, de forma por lo menos sospechosa, determinaron la liberación de presuntos delincuentes detenidos en flagrancia durante cateos autorizados por otros jueces; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, decidió ofrecer una rueda de prensa en la que trató de defender a los jueces aunque sin aportar las razones que en cada caso se esgrimieron para conceder la libertad de por lo menos 13 sujetos identificados como “generadores de violencia” por la inteligencia policial.
Si bien tiene razón el presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando alega que existen las instancias colegiadas a las que las autoridades pueden recurrir para quejarse e intentar revocar las determinaciones de los jueces; debe admitir también que los juzgadores deberían transparentar sus decisiones en todos los casos, especialmente en aquellos donde los sujetos que liberan fueron aprehendidos en cateos ordenados por el propio Poder Judicial.
Cuando la opinión pública esperaba de Juan Emilio Elizalde el anuncio de una revisión sobre el actuar de los jueces o, por lo menos, del refuerzo de la coordinación con las autoridades de seguridad pública y la Fiscalía para mejorar los resultados en la seguridad pública, materia que sigue siendo la prioridad para los habitantes de Morelos; el presidente del Tribunal, junto a los magistrados que lo apoyan, determinó tomar otro camino y no solamente defender a priori a los juzgadores bajo sospecha, sino también calificar de inadecuado o insuficiente el trabajo que realizan la Fiscalía y las policías estatal y municipales en los cateos y aprehensiones.
Elizalde Figueroa dijo que, en caso de que una vez agotado el proceso se encuentren fallas en el actuar de los jueces, se dará vista a la Junta de Administración y Vigilancia; pero para ello las autoridades que se sienten afectadas por las decisiones tienen que agotar los procedimientos. En cambio, asumió que las autoridades de procuración de justicia no estarían haciendo su trabajo debidamente, creando la primera fractura en la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad desde que él se integró a los trabajos hace apenas unas semanas.
Si Elizalde Figueroa considera el pasado reciente en Morelos, deberá reconocer que hay motivos para sospechar de corrupción, complicidades y hasta protección de algunos jueces y hasta magistrados a grupos criminales o de interés; y también que el fortalecimiento de la coordinación institucional en materia de seguridad pública requiere de resultados más que de la diplomacia que suele practicar todos los días y le permitió ser designado como titular del Poder Judicial.
Lo que ha quedado evidente en los últimos días es que la coordinación del presidente del Tribunal Superior de Justicia con las autoridades de seguridad parece mucho más de forma, o no ha permeado a los magistrados y juzgadores, en una repetición a la simulación que se había dado los meses anteriores. Es decir, en este apartado, no habría diferencia alguna entre la gestión de Elizalde Figueroa con la de su antecesor y rival político, Luis Jorge Gamboa Olea.
Y mientras esa tendencia se mantiene, la percepción de inseguridad en la zona urbana de Cuernavaca aumenta y la violencia parece repuntar. Lo peor que podría pasarle al último presidente del Tribunal Superior de Justicia en esta época es ser acusado de gatopardismo. Lo que menos necesita Morelos es que las cosas para seguir igual.