La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha vuelto a poner a Morelos bajo la lupa. Con más de 264 millones 437 mil pesos por aclarar en el ejercicio fiscal 2024, el estado se coloca como el sexto con mayores observaciones del país, y —peor aún— el primero en proporción al tamaño de su presupuesto. Los datos son más que fríos números: son el reflejo de un uso inadecuado de los recursos federales, de irregularidades administrativas y, en algunos casos, de presuntos daños directos al erario que exigen explicación y sanción.
La gravedad del informe radica no solo en los montos observados, sino en el origen y destino de los recursos comprometidos. La ASF documenta que fondos destinados a la salud, la educación y la infraestructura social fueron objeto de irregularidades. El caso más alarmante es el de los 155 millones de pesos asignados al sector salud, donde se detectaron pagos indebidos, trabajadores sin contrato y recursos que debieron destinarse a medicamentos, pero cuyo uso no pudo comprobarse. A ello se suman irregularidades en el Fondo de Infraestructura Social, donde dinero etiquetado para atender comunidades de extrema pobreza terminó financiando una escuela privada de fútbol, la cual cobra mensualidades a sus alumnos.
Tampoco escapa el sector educativo: la ASF presume un probable daño por más de seis millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), por pagos injustificados, retenciones sin sustento y contratos opacos con proveedores. En todos los casos, las observaciones derivan en promociones de responsabilidades resarcitorias y sancionatorias, es decir, procesos que deberán determinar si hubo dolo, negligencia o simplemente desorden administrativo.
No obstante, sería injusto cargar estas observaciones directamente a la nueva administración. La gobernadora Margarita González Saravia asumió el cargo recientemente, y la mayoría de los recursos auditados corresponden al último ejercicio presupuestal del gobierno anterior. Sin embargo, esto no exime al actual gobierno de una obligación ineludible: aclarar, con transparencia y prontitud, el uso de cada peso público y, sobre todo, garantizar que prácticas como las señaladas no se repitan bajo su gestión.
La transición política no puede ser refugio para la opacidad ni pretexto para el olvido. Por el contrario, este momento representa una oportunidad para que la nueva administración marque distancia de los viejos vicios y se consolide como una gestión abierta, ética y fiscalmente responsable. La confianza ciudadana se construye con hechos y en las acciones: el primer paso será colaborar activamente con los órganos de fiscalización, sancionar a quien corresponda y transparentar los procesos de corrección y recuperación de recursos.
Morelos no puede seguir ocupando los primeros lugares en irregularidades financieras. La entidad necesita demostrar que es capaz de romper el ciclo de corrupción y descuido que históricamente ha dañado sus instituciones y su desarrollo. En tiempos donde cada peso cuenta para atender la pobreza, la salud o la educación, los desvíos y las omisiones son más que un error administrativo: son una afrenta moral a la ciudadanía.
Que esta auditoría sirva, entonces, como un punto de inflexión. Que los incómodos datos de la ASF no se cubran con el velo del silencio, sino con la luz de la rendición de cuentas. Porque la transparencia es el fundamento ético del buen gobierno.