Aunque para algunos extraordinariamente aparatoso, el acto con que se removió al director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) Leandro Vique Salazar y a por lo menos siete trabajadores de confianza se inscribe en un estilo particular de remociones impuesto por la actual administración gubernamental, pero también en un contexto marcado por denuncias de la presunta operación de una red de corrupción interna que abarcaba lo mismo a funcionarios de confianza que trabajadores de base y hasta familiares de algunos de ellos.
Las denuncias por presuntas irregularidades, los conflictos con el SNTE y con instancias formadoras de maestros y un generalizado, junto a la personalidad polarizadora de Leandro Vique y su equipo, eran una preocupación del gobierno de Morelos desde hace semanas, cuando se percibió que la autoridad educativa parecía claudicar, o por lo menos postergar indefinidamente las promesas de cambio y orden en el sector educativo. Para cumplirlas habría sido urgente una restructuración administrativa, la revisión a fondo de los procesos y la atención puntual de las denuncias por corrupción, aunque tocaran a las familias de los directivos. En lugar de eso, se multiplicaron los cursos de capacitación a los maestros, que si bien necesarios, no resolvían los gravísimos problemas, algunos heredados y otros creados en los últimos meses.
Bajo este contexto, el operativo que siguió a (no acompañó, ni facilitó) la destitución de Leandro Vique Salazar era de esperarse. Tenían que revisarse cientos de expedientes relacionados con denuncias de irregularidades que incluían hasta el uso de documentación apócrifa en asignaciones de plazas.
Pero hubo un error de cálculo grave en la acción que encabezaron las secretarias de Educación, Karla Aline Herrera Alonso, y de Contraloría, Alejandra Pani Barragán. La incursión de elementos policiacos armados a las oficinas de administración de la educación básica del estado de Morelos resultó simbólicamente agresiva para los cientos de trabajadores que despachan en las oficinas del IEBEM. Según el registro de los propios maestros, jamás antes habían incursionado elementos armados al Instituto, y muy pocas veces se había usado un mecanismo policial inhibidor para disuadir a los docentes: alguna vez en el movimiento magisterial del 2008, y antes alguna incursión en el SNTE para aprehender ilegalmente a un secretario de comité y dirigente del movimiento contra el Club de Golf en Tepoztlán; pero, por civilidad, la policía no se presenta armada a instalaciones educativas.
La incursión se sumó a la molestia generada por la remoción de Vique, por la destitución de trabajadores, y hasta por el nombramiento de un “externo” que no ha tenido mayor contacto con el complejo sector de la educación básica como titular -por lo menos temporal- del IEBEM. De ahí la reacción de los trabajadores del IEBEM que, en su mayoría, salieron a la explanada a exigir el cese de las agresiones y a advertir que tomarían las instalaciones que apenas unos minutos antes habían sido aseguradas por la Fiscalía Anticorrupción.
Frente a la protesta, tuvo que intervenir, de forma algo tardía, Joel Sánchez Vélez, el dirigente de la sección 19 del SNTE, quien hacía unos días se había pronunciado por la remoción de Vique Salazar ante la ruptura del diálogo entre el sindicato y la autoridad. Ahí prometió que respaldaría a los trabajadores en lo jurídico y lo político, pero también advirtió que no defendería lo indefendible. Algo sabrá de la corrupción en el instituto.
Los días que vienen serán difíciles en la política educativa estatal. La polarización en el magisterio empieza a profundizarse y, desde el principio del conflicto, el SNTE tomó parte. Todo apunta a que la autoridad tendrá que nombrar a un nuevo director cercano al magisterio, con experiencia administrativa, pero también política, si se quiere que la educación camine por los mejores derroteros, como es el interés de todos.
