Los abundantes casos en que instituciones públicas (administraciones estatales y municipales, órganos autónomos, cuerpos policíacos, servicios médicos, planteles escolares) lesionan los derechos y ejercen alguna forma de violencia contra las mujeres no deben continuar en la impunidad.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 76% de las mujeres del país ha enfrentado algún tipo de violencia institucional; una proporción que seguramente es mayo en Morelos y sus municipios, donde el patriarcado ejerce en la mayoría de los despachos, incluso en muchos que son presididos por mujeres.
Desde la invisibilización sistemática a la coparticipación por encubrimiento hasta la participación instrumental o por omisión en graves crímenes contra la vida, integridad, libertad o intimidad de las mujeres, debe reconocerse que en Morelos, el Estado ha sido autor, cómplice y hasta reiterado promotor de todas las violencias que se ejercen en contra de ellas en el territorio estatal y que lo mismo se han evidenciado como incrementado en la medida en que ellas adquieren espacios en la toma de decisiones.
Ha habido casos muy sonoros, como la protección que se daba desde autoridades municipales, mandos policiales, fiscalías, juzgados y salas de justicia a agresores de mujeres, y derivaron en escándalos en torno a feminicidios, violencia familiar, económica, vicaria y hasta política en contra de mujeres que fueron revictimizadas institucionalmente y en los peores casos hasta criminalizadas por las autoridades que actuaron en sus casos por costumbre, misoginia, indolencia y otros vicios.
Y si bien esos casos resultaron emblemas para luchas justas de las mujeres morelenses, también resultan los menos, pues la mayor parte de la violencia de género institucional se invisibiliza y tolera con argumentos como “así ha sido siempre”; algo que sólo vuelve más grave el problema.
Con Morelos liderando las tasas de incidencia de feminicidio, y en los primeros lugares de las violencias contra la mujer que se han considerado delitos tradicionalmente, lo que menos tendría que tolerarse es que, desde las instituciones también se ejerzan agresiones de todo tipo y peor, que por falta de un tipo delictivo permanezcan en la impunidad o resulten muy difíciles de perseguir.
Por eso adquiere especial relevancia la propuesta de la diputada Melissa Montes de Oca Montoya que reformaría el código penal para crear el tipo específico de la violencia de género institucional como un delito que incluiría hasta seis grados de gravedad, desde la minimización de denuncias, el uso de lenguaje sexista o condescendiente, el retraso de información y la discriminación; hasta la revictimización reiterada y la participación directa o encubierta del funcionariado en redes de explotación, desaparición o trata.
La propuesta, por cierto, tendría que ser procesada y en su caso aprobada por el pleno de la LVI Legislatura, una que ha ejercido violencia institucional contra las mujeres morelenses a quienes se concedió una sentencia de amparo para derogar los artículos del código penal local que despenalizan el aborto; un pendiente que cumplió un año en octubre pasado y se mantiene dada la negativa de más de seis diputadas y diputados para acatar la sentencia.
Parafraseando el dicho: el buen legislador por su casa empieza.
