Uno de los mayores problemas para analizar la política en todo el país, y para el caso en el resto del mundo, es la extraordinaria polarización que lleva a observar las gestiones gubernamentales como largos partidos de futbol y no a partir de lo que son, una colección de políticas públicas dirigidas a la solución de problemas individuales, en racimos o en sistemas que afectan a la sociedad.
Cualquier análisis de la gestión gubernamental, tendría que partir de los resultados esperados y los verificados finalmente de la aplicación de las políticas públicas de cada gobierno y no de cargas ideológicas o porras a favor o en contra por parte de los aficionados cuya sensibilidad, si bien respetable, suele anticiparse a respaldar o negar la utilidad de los gobiernos.
Cumplidos siete años de que el electorado mexicano dio su respaldo a un proyecto de nación que, de alternativo se convirtió en el dominante, y en términos reales el único existente en esa dimensión en el país y la mayoría de los estados; tendríamos que conceder que el país no ha sido destruido, como muchos advertían, aunque aún dista de ser la nación que anhelamos todos.
Más allá de la movilización de personas, que suele ser enormemente engañosa, vale la pena revisar algunos de los datos que ofreció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el zócalo de la Ciudad de México durante el acto de celebración de aniversario de su movimiento en el poder.
Particularmente conviene referir a dos de las políticas públicas más fuertemente cuestionadas: la de fortalecimiento a las percepciones de los trabajadores, y los programas sociales para grupos vulnerables.
El salario mínimo ha crecido de 88 pesos al cierre del 2018 ha 315 pesos a partir de enero del 2026. El aumento ha sido una constante anual y ha superado cada vez los niveles inflacionarios, permitiendo la paulatina recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Los gobiernos anteriores aseguraban que incrementar los salarios mínimos generaría presiones inflacionarias que no solo neutralizarían los aumentos, sino encarecerían la vida para todos. No ha sido así.
La recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores ha permitido, en cambio, fortalecer el consumo interno, lo que genera mayor producción que requiere de más empleos. En todo caso, el problema ha sido que la mayoría de los salarios en México no están tabulados conforme al mínimo, lo que ha permitido que esas percepciones se vayan reduciendo, un efecto no deseado de la política pública.
Sin embargo, en términos generales, los aumentos de los mínimos han contribuido a reducir las brechas de ingresos y la pobreza laboral, lo que es deseable para una economía sólida en la medida en que fortalece el mercado interno.
Otra política pública que ha sido duramente cuestionada es la de combate ala pobreza a través de programas sociales para grupos vulnerables. Se planteaba que la entrega de becas, pensiones y apoyos desde el gobierno se convertiría en una herramienta de clientelismo electoral, no ayudaría a frenar la pauperización y en cambio aumentaría la dependencia de las comunidades de un Estado paternalista.
Los programas sociales han sido una herramienta para que 13.5 millones de personas salgan de la pobreza en los últimos siete años. Los apoyos a comunidades vulnerables no solo han reactivado la economía mediante el fortalecimiento del consumo, se han vuelto también una herramienta de empoderamiento de esos grupos, permiten la formación de pequeñas unidades económicas que impulsan la economía comunitaria y con ello fortalecen las actividades productivas en las regiones.
Cierto que falta mucho por hacer, pero el análisis objetivo de estas dos políticas públicas tendría que servir para revisar, sobre daros duros y reales el resto de la gestión gubernamental, algo que permitiría corregir lo que está mal y fortalecer todo lo que se hace bien para las y los mexicanos.
