La idea de remover al fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, no fue algo que se tejiera sobre las rodillas de algún funcionario como reacción a algún hecho reciente, como pretenden algunos hacerlo ver, incluido el propio fiscal removido, quienes probablemente apuestan a la falta de memoria en torno a un procedimiento que había sido anunciado por la entonces candidata a la gubernatura, Margarita González Saravia, en la campaña proselitista que comenzó en abril del año pasado.
Incluso antes, la hoy gobernadora había considerado oportuna la revisión del trabajo de la Fiscalía y reformas a su marco jurídico. Con el triunfo de González Saravia en las urnas y la llegada al Congreso de Morelos de una mayoría de Morena y sus aliados que marchaban en el mismo proyecto de seguridad y justicia para Morelos, la destitución de Carmona Gándara se tomaba como cuestión de tiempo.
En octubre del año pasado, ante la insistencia de periodistas en torno al proceso de remoción del fiscal, la gobernadora había advertido que debería hacerse mediante el estudio de los medios jurídicos que le dieran solidez al caso, a fin de no dar lugar a un intento de defensa legal que prolongara innecesariamente el asunto. En tanto, en el Congreso se tejía el consenso para lograr la mayoría absoluta que el caso requiere por ley.
En enero pasado, en entrevista con La Jornada Morelos, el coordinador parlamentario de Morena en el Congreso, Rafael Reyes Reyes, declaró que el tema de la remoción del fiscal y la restructuración de la institución se revisaría en cuanto se tuvieran los votos suficientes para operarlas; pero insistía en que los diputados no habían quitado el dedo del renglón ni el respaldo a la idea de la gobernadora.
La construcción de la mayoría se consiguió, finalmente, esta semana con suficiencia. No fueron solamente los votos de Morena, Verde Ecologista y Nueva Alianza (12), al proyecto se sumaron los del PT (2), uno del PAN y una del PRI.
Con tales antecedentes, atribuir la remoción del fiscal a una “consecuencia política” de alguna conducta reciente no solo es aventurado, también resulta un insulto a la memoria de los morelenses.
La solicitud de remoción enviada por la Oficina de la Gubernatura al Congreso de Morelos se fundaba en el hecho de que el exfiscal incumple ya con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de la FGE para ocupar el cargo por estar vinculado a proceso en tres causas penales, todas ellas iniciadas por hechos y conductas en el ejercicio de su responsabilidad como fiscal y relacionadas con asuntos tan graves para responsable del Ministerio Público como tortura y encubrimiento.
Pero más allá de las causas penales, cuya validez tendría que ser finalmente determinada en los juzgados, lo cierto es que la confianza ciudadana no estaba hace mucho, probablemente no estuvo nunca, con el fiscal de Morelos. Durante su periodo no solo se presentaron casos escandalosos de fallas en la procuración de justicia, también se vieron índices de impunidad intolerables, superiores al 98% que funcionaron, de acuerdo con los especialistas en seguridad pública, para alentar la comisión de delitos que fue creciendo exponencialmente hundiendo a Morelos es una de sus peores crisis de inseguridad.
Ahora viene la parte más difícil, convertir a la Fiscalía en un órgano que, sin perder autonomía, camine en el mismo proyecto de paz, seguridad y justicia que anhelamos los morelenses. Y esa será la tarea más importante de quien remplace a Uriel Carmona Gándara.