Los recientes acontecimientos en el Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, han vuelto a poner de manifiesto las graves deficiencias y problemáticas que aquejan al sistema penitenciario en nuestro estado.
Sobrepoblación, autogobiernos, motines y presuntos actos de extorsión y abusos por parte de autoridades son solo algunas de las crisis recurrentes que afectan la vida y la integridad de las personas que permanecen internas en los centros de detención, algunos de los cuales están ahí en prisión preventiva, es decir, que aún está por definirse su culpabilidad y ameritar el castigo corporal que ya sufren.
Desde hace varios años, los informes de diversas autoridades y organismos han señalado las condiciones deplorables en las que operan los centros penitenciarios de Morelos. Estas condiciones no solo comprometen la seguridad y la rehabilitación de los internos, sino que atentan contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales. El derecho a la integridad física y moral, la defensa jurídica adecuada y el respeto a las condiciones mínimas de vida son principios básicos que, lamentablemente, se ven constantemente vulnerados en un contexto en donde las carencias incluso de espacio son parte de la normalidad.
El caso específico del CERESO de Atlacholoaya subraya la urgente necesidad de abordar estas problemáticas de una manera integral. Familiares de los internos han denunciado no solo la falta de condiciones adecuadas dentro del penal, sino también la presunta complicidad de funcionarios en actos de corrupción, extorsión y abuso de poder. Estas prácticas no solo perpetúan un ciclo de violencia y desconfianza, sino que también ponen en evidencia una clara violación a los derechos humanos.
En este sentido también podríamos anotar al Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16 de Michapa, Coatlán del Río, cuyas condiciones parecen ser tan hostiles que han desatado un epidemia de suicidios entre sus internas.
En una sociedad civilizada, el sistema penitenciario no es un espacio de castigo en el que se separan los elementos perniciosos de una sociedad para limitar el daño que pudieran causar, sino, por eso mismo, también son centros de rehabilitación y reinserción social y, para no empeorar las cosas, sería fundamental que las autoridades penitenciarias no solo garantizaran la seguridad física de los internos, sino que también promuevan condiciones que favorezcan su desarrollo personal y social. En la realidad, parece ser que entregamos a personas -culpables e inocentes- u otro grupo de criminales que también podrían estar recluidos.
La rehabilitación efectiva requiere un entorno seguro, digno y respetuoso de los derechos humanos, donde los internos tengan acceso a programas educativos, laborales y de salud que les permitan reintegrarse positivamente a la sociedad una vez cumplida su condena y no es menos importante que se implementen mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas para prevenir abusos por parte de las autoridades penitenciarias.
Las recurrentes crisis en los centros penitenciarios son un llamado de atención que se repite una y otra vez con el mínimo efecto de solucionar la urgencia coyuntural sin remediar en nada los problemas de fondo, así solo se puede esperar que ninguna de esas crisis sea “la última” sino solo “la más reciente”.
