Una de las muchas justificaciones que la administración anterior ofrecía para la crisis de seguridad que padece Morelos era el déficit de policías. De acuerdo con la última evaluación de la desaparecida Comisión Estatal de Seguridad Pública, en el 2023 su “estado de fuerza” era de apenas mil 44 elementos con función preventiva, lo que significaba apenas 0.49 policías por cada mil habitantes.
Por supuesto que la cifra es insuficiente para las labores de prevención del delito en un estado donde, el mismo 2023, se denunciaron un promedio de 128 delitos del fuero común cada día, a los que habría que sumar los no denunciados, alrededor de nueve veces más; y los del fuero federal.
Curiosa disfunción, sin embargo, es que el 14 por ciento del total de ese estado de fuerza estaba asignado a la custodia personal de funcionarios públicos, entre ellos el exgobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, algunos de sus familiares y colaboradores cercanos a él; unos pocos diputados locales y algunos alcaldes.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó de la “recuperación” de alrededor de 150 elementos que realizaban tareas de guardia personal para exfuncionarios cuya protección policial no estaba justificada de forma alguna; ninguna amenaza seria pesaba sobre ellos, pero tenían varios elementos asignados.
La idea es que ningún funcionario público o representante popular pueda acceder a tener escoltas de la fuerza pública mientras no haya una justificación clara de riesgo. La protección policiaca deberá privilegiar a la gente. Y en efecto, la función primordial del Estado es proteger la vida, propiedad, libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad de toda la población.
La protección no es para los políticos que no se encuentren en riesgo reconocido debido al ejercicio de sus funciones; y aquí podría extenderse la frase del secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, en torno a que cada político deberá hacerse responsable de sus actos. Si bien el secretario no se refería exactamente a los escoltas, el retiro de estos elementos es un buen símbolo de que toda la protección extralegal o ilegal que recibían los políticos en Morelos empieza a terminarse.
Porque lo cierto es que, lo hasta ahora evidente gracias a la transición de poder es que eran ciertas las sospechas ciudadanas del manto protector sobre algunos políticos locales, que incluía guaruras, pero también el retardo de procesos judiciales y hasta la no denuncia de conductas evidentemente criminales para garantizar la impunidad de ilícitos cometidos por el funcionariado.
Para muchos, la recuperación de 150 elementos policiales en tareas de prevención del delito podría parecer muy poco frente al tamaño de la crisis de seguridad que padece el estado; pero con cierto optimismo, estamos hablando del 14 por ciento más del estado de fuerza que tenía la policía estatal en el 2023, sin duda un incremento relevante para sumarse a la estrategia más eficiente de seguridad pública que requiere Morelos.