A menos de un mes de que iniciara la presente administración en el gobierno del estado se desataron dos escándalos de peso que involucran a exfuncionarios de la pasada administración, al exgobernador entre ellos.
Si bien en el caso de Cuauhtémoc Blanco se trata de un asunto bastante vergonzoso no deja de ser de índole personal, aunque podría terminar en algún proceso penal -si no se interpusiera su actual fuero como legislador federal; el otro es la sospecha de que el antiguo titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario desvió bienes y recursos que originalmente estaban destinados para los productores agrícolas a quienes, por cierto, el gobierno estatal de entonces les negó cualquier ayuda, a pesar de que muchos perdieron la totalidad de sus cosechas por la reciente sequía.
La sola existencia de estos casos, ventilados principalmente porque los exfuncionarios dejaron de tener la sartén por el mango en Morelos, da mucho en qué pensar sobre la autoridad moral de quienes conformaron el gobierno pasado.
La administración pública es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático. A través de ella, los gobiernos implementan políticas públicas y gestionan recursos con el objetivo de atender las necesidades de la sociedad. En este proceso, conceptos como la transparencia, la calidad moral de los servidores públicos y el respeto a la ley por parte de los funcionarios resultan esenciales.
Pero Blanco Bravo, al mismo tiempo que inauguraba obras inconclusas o mal terminadas y pagaba los sueldos de funcionarios que no trabajaban -como lo fue el caso de la representación del gobierno estatal en la Ciudad de México-, se jactaba de que su nuevo partido había ganado las elecciones aquí en el estado gracias a su labor; declaraciones que no se corresponden con el hecho de que prácticamente haya salido huyendo del estado para asumir la protección de la curul que lo esperaba en el Congreso Federal.
Si las sociedades permanecen en una situación ausente de desarrollo se debe en gran medida a funcionarios que asumen como propio el erario y que prefieren malgastarlo por decir que hacen cosas, en lugar de aplicarlo realmente en donde se necesita. En este sentido, es claro el ejemplo en SEDAGRO, cuyo titular, al parecer, acumulaba hasta fertilizante y herramientas en las bodegas de su familia en lugar de apoyar a los trabajadores del campo y ahora prefiere pasearse por Cuernavaca en lugar de cumplir con una obligación de ley.
Una administración pública eficiente y legítima se basa en la calidad moral de sus integrantes. Los valores éticos y la integridad personal son fundamentales en quienes ocupan posiciones de poder y autoridad, ya que tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a la vida de todos los ciudadanos.
Un servidor público con una alta calidad moral actúa con honestidad, justicia y compromiso con el bien común, anteponiendo el interés público a cualquier interés personal o particular. Esto implica no solo cumplir con las leyes, sino también conducirse de manera ejemplar en todos los aspectos de su vida profesional y personal, evitando situaciones que puedan generar conflictos de interés o abusos de poder. Esto, desde luego, en un mundo ideal, no como en él pasado gobierno del estado, en donde tal parece se actuó exactamente en sentido contrario.