Hace décadas había quienes asumían que Morelos era una especie de isla que por alguna especie de buena fortuna se salvaba siempre de los conflictos que ocurrían en sus estados vecinos y la Ciudad de México (que entonces se llamaba Distrito Federal). La idea no solo era profundamente equivocada, sino también originó un cierto chauvinismo estatal en algunos sectores de la política y el gobierno locales que volvió prácticamente impensable la colaboración regional.
Los defensores de la idea pasaban por alto realidades naturales evidentes. Primero el hecho de una gran parte de la población de Morelos es nativa de otras entidades federativas, como Guerrero, Ciudad de México, y en menor medida, Puebla y Estado de México; y segundo, que los límites políticos estatales poco tienen que ver con la realidad económica, social y cultural de las regiones. Para nadie es nuevo que la zona oriente de Morelos tiene más cercanía con Puebla; el área metropolitana de Cuernavaca con la Ciudad y el Estado de México; la zona sur se acerca mucho a Guerrero; los altos de Morelos son cercanos a Puebla, a Tenango en el Estado de México y a la delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.
Estas realidades traen consigo una enorme complejidad en las relaciones de Morelos con sus estados vecinos, con los que comparte no solo una historia muy larga; también elementos culturales, sociales, políticos, y problemas de seguridad, recursos naturales, medio ambiente, y otros. Por eso llama positivamente la atención la política de buena vecindad iniciada por la gobernadora, Margarita González Saravia con los estados de México, Puebla, Guerrero, y la Ciudad de México, y reflejada a través de convenios que parten del reconocimiento de problemas comunes que requieren soluciones conjuntas, y de la identificación de potencialidades que pueden aprovecharse más eficientemente para beneficio de todos los habitantes de la región, que resulta sin duda la más poblada y de mayor importancia económica en el país.
La firma de convenios inició hace alrededor de un mes con el signado en la región que comparte el Bosque de Agua, (Morelos, Estado de México y Ciudad de México). El documento busca establecer la coordinación de acciones necesarias en materia de seguridad, desarrollo económico, turismo, apoyos sociales, y otras, para garantizar que las miles de hectáreas forestales que garantizan la recarga de los acuíferos de la región se restauren y mantengan para posibilitar la vida en la región en los años por venir.
Luego vinieron los convenios con Guerrero y Puebla, los dos estados con que Morelos comparte sus límites más extensos. Ambos documentos comprometen a acciones en materia de seguridad, desarrollo económico, cultura, turismo, educación, entre otras que reportan problemas y oportunidades comunes.
Tanto con Guerrero como con Puebla, se trata también la definición de límites territoriales, un problema que, especialmente en la región oriente de Morelos ha significado conflictos graves y con componentes de violencia en la disputa por el recurso natural fundamental, el agua. Se trata de temas cuya solución seguramente llevará tiempo, paciencia y buena voluntad, pero que no deben obstaculizar el avance del tratamiento a cada uno de los problemas que plantean los convenios, especialmente en materia de seguridad pública y desarrollo económico, asuntos de cuyo éxito depende la vida y el futuro de cientos de miles de morelenses, guerrerenses y poblanos.
Por supuesto que los convenios solo son relevantes en la medida que lleven a acciones instrumentales y ello depende en mucho de los gobiernos de los estados, pero también de los municipios, que necesariamente están involucrados en el día a día de la operación de las políticas públicas derivadas de los acuerdos. Lo que toca a la sociedad es estar vigilante.
