La privación de la libertad es una de las mayores penas que por señaladas razones se le pueden infringir a las personas pero, si además se condena a esas personas a vivir hacinados, en un clima de violencia, sin servicios y prácticamente nulo contacto familiar, el castigo se multiplica exponencialmente hasta convertirse en una situación inhumana y vergonzante para cualquier sociedad, sus gobiernos e instituciones.
Desde hace tiempo, La Jornada Morelos ha reportado la epidemia de suicidios que se experimentan en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil 16 en Michapa, en Coatlán del Río. Llama la atención que las autoridades hayan sido incapaces de frenar estas muertes que, de acuerdo al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), ya suman 20 en los más recientes años; el deceso de una mujer de procedencia colombiana el 6 de febrero, “es el tercer fallecimiento registrado en el actual sexenio dentro de esta prisión federal”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya anunció que iniciará una investigación de oficio, aunque advierte que ya había visitado el centro de detención en enero de este mismo año y que la mayoría de las recomendaciones que realizó desde 2023 ya han sido atendidas y otras están en vías de serlo. Es decir, no habrá mucho que esperar.
El de Michapa no es un caso aislado, en otras naciones ya ha habido “epidemias” de suicidios: en Estados Unidos, las prisiones de Rikers en Nueva York, algunas de California, como la Prisión de Corcoran; en la prisión de HMP Woodhill, en Inglaterra; en la Prisión de Altamira, en el estado de Pará, Brasil; en el centro de detención de la isla de Nauru, Australia y la Unidad Penitenciaria 16 de Ezeiza, Argentina, son casos relativamente recientes de un alarmante aumento de muertes -y suicidios- en cortos periodos de tiempo.
Más allá de indagatorias superficiales, algunas de esas naciones se dieron a la tarea se identificar el motivo de tal fenómeno y detectaron algunos como hacinamiento, falta de atención médica y psicológica, violencia, abusos, aislamiento, abandono, y negligencia institucional, que parecen trascribir algunas de las viejas recomendaciones de la CNDH, aunque esta diga que ya se han solucionado algunas de ellas.
La situación en el CEFERESO Femenil Número 16 de Michapa no es un caso aislado, sino una muestra más de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que tienen la mala suerte de caer en una prisión en donde lo menos que parece interesar es que sus internos conserven algo de humanidad. Estos sucesos ponen en evidencia la necesidad de reformas profundas que genuinamente prioricen los derechos humanos, la reinserción social y la dignidad de las personas. Sin una acción decidida por parte de las autoridades, estas crisis seguirán repitiéndose, de ahí la “negligencia institucional” que se ha detectado.
En la otra cara de la moneda, están los casos exitosos en donde la cárcel no solo ha servido para separar de la sociedad y castigar a los infractores y, en lo que coinciden modelos como el Nórdico (Noruega, Suecia, Finlandia), el de Nueva Zelanda, Canadá, Alemania y Países Bajos, es en personal verdaderamente capacitado, condiciones dignas de reclusión, enfoque en la rehabilitación y reconciliación, modelo central de justicia restaurativa, educación, trabajo remunerado, atención médica y psicológica (que incluye tratamiento para trastornos mentales), desintoxicación para adicciones, reintegración social gradual y hasta atención post-penitenciaria.
Todo eso es, quizá, mucho pedir para las condiciones en las que se encuentran las actuales cárceles mexicanas, pero si se quiere empezar por algo, en algún lado, ahí está Michapa en primer lugar.
