Aunque sea un lugar común, hay que recordar que la familia es la célula básica de cualquier sociedad, es ahí en donde se forman los ciudadanos del futuro y, en algunos casos éstos son abandonados a su suerte, perpetuando círculos precariedad y desigualdad, sembrando una semilla que puede coartar incluso la movilidad social.
En toda familia, los padres desempeñan un papel fundamental que va más allá del vital aspecto afectivo y emocional. Entre las principales responsabilidades se encuentran garantizar el bienestar físico, emocional y social de sus hijos, lo cual incluye proporcionar sustento económico, educación, salud y un ambiente seguro para su desarrollo integral. Estas obligaciones son esenciales tanto durante la convivencia familiar como en casos de separación o divorcio. Sin embargo, cuando estas responsabilidades económicas no son atendidas, los hijos menores de edad son los más perjudicados, sufriendo consecuencias que marcan su vida y desarrollo.
Cuando una pareja se separa, se establecen acuerdos específicos sobre la custodia y la pensión alimenticia para los hijos. Incumplir con estos acuerdos no solo constituye un acto de irresponsabilidad, sino también una violación a los derechos fundamentales de los menores, que están protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y las leyes locales, aunque en muchos casos son letra muerta.
El incumplimiento de la pensión alimenticia tiene graves consecuencias para los menores. Según el INEGI, en México alrededor del 67% de los hogares monoparentales encabezados por mujeres enfrentan dificultades económicas, en gran parte debido a la falta de cumplimiento de la pensión alimenticia por parte del otro progenitor. Esto pone a los menores en riesgo de desnutrición, abandono escolar y problemas emocionales derivados de la inseguridad económica y la falta de apoyo parental.
Cuando un padre o madre no cumple con su responsabilidad económica tras una separación, desobedece una resolución judicial y deberá enfrentar repercusiones legales como el embargo de bienes, la retención de salarios o incluso penas de prisión; en algunas entidades se han implementado mecanismos disuasorios como la inscripción de deudores alimentarios en registros públicos o la prohibición de trámites administrativos.
Pero eso tampoco ha tenido los resultados que se esperaban al implementar tales medidas, de otra forma el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias no revelaría que la mitad de los padres obligados a pagar pensión alimenticia en nuestro país, no cumplen con esa obligación.
La dureza de las leyes y que existan jueces que en realidad hagan su trabajo tampoco es garantía de evitar el problema: en Estados Unidos, un informe del U.S. Census Bureau reveló que solo el 43.5% de los custodios recibió la totalidad de los pagos ordenados.
Quizá se necesitaría adoptar una solución drástica, como en Suecia, en donde el Estado garantiza las pensiones y, quien no las cumple, se convierte en deudor de Hacienda, con todas las consecuencias que ello implica.
Pero en el fondo se encuentran condiciones estructurales en donde inciden tanto situaciones económicas más allá de la familia, aspectos de impartición de justicia y, por supuesto, la forma en que asumimos la paternidad y la forma de educar y proveer a nuestros hijos.
