Entre malas interpretaciones y anhelos por privilegios, los dirigentes del transporte colectivo en Morelos se han vuelto a tropezar con una realidad que los contradice.
Más allá de la persistente intentona por aumentar en 50% las tarifas del servicio, los dirigentes han quedado en evidencia en otros dos asuntos:
Primero: el amparo contra la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial, sobre la que aseguraron, equívoca y tardíamente, que dañaría los derechos de los concesionarios. El argumento parte de una interpretación errónea y probablemente dolosa de los transitorios, pero además desconoce la participación de los propios dirigentes del transporte público en las mesas de trabajo para la reforma a la ley, que consta en minutas de acuerdos debidamente firmadas.
Los transportistas buscaron ampararse, pero el juzgado negó la suspensión de la aplicación de la ley, lo que permite a la Coordinación General de Movilidad y Transporte avanzar en la implementación del nuevo modelo de trasporte público y el órgano que habrá de regular y vigilar el funcionamiento de rutas y taxis en todo el estado.
Segundo: las quejas contra la obligatoriedad de la verificación vehicular que los dirigentes advierten es el sentir de todos sus representados. La oposición a cumplir con el requisito ha tenido los más diversos argumentos, desde la falsa idea de que sus unidades no contaminan hasta decir que el proceso está plagado de corrupción y beneficia a gestores que cobran por “pasar” el trámite.
Nuevamente, la realidad evidencia a los dirigentes. En los primeros días del año, 150 unidades del transporte colectivo han cumplido con el trámite, lo que diluye el argumento de la oposición generalizada a verificar las unidades como un acto de responsabilidad ambiental.
Pero también debe decirse que los transportistas que han cumplido lo hicieron en tiempo récord. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el proceso puede cumplirse en sólo 15 minutos, de los que tres corresponden al tiempo que lleva hacer la cita en la plataforma digital, y el resto transcurre en el verificentro. Se trata de un lapso mucho menor al que suelen utilizar las unidades en ajustes de tiempo en su itinerario.
Además, el sistema de citas digitales elimina la intervención de gestores y reduce drásticamente la posibilidad de los actos de corrupción que solían presentarse en el pasado, cuando a los usuarios se les cobraba una cuota por “pasar” la verificación o por lo menos obtener los comprobantes de que habían cumplido el trámite.
Los hechos parecen evidenciar nuevamente que los dirigentes de los transportistas no sólo mantienen una resistencia contra las disposiciones organizativas y ambientales del estado que busca conservar viejos privilegios; también, y esto probablemente sea mucho más grave, han elegido ignorar lo que ocurre en el estado en materia de contaminación, desorden y corrupción en el sistema de movilidad y riesgos para usuarios, choferes y concesionarios; y lo que se hace desde la autoridad y en consenso con el sector que dicen representar.
Probablemente, el transporte público en Morelos requiere de renovar no solo sus unidades, sino a sus dirigentes.
