En las últimas semanas se presentaron y continuaron varias iniciativas y acciones que buscan garantizar la seguridad de las mujeres morelenses en sus trayectos, tanto por las aceras y las calles como en el transporte público. Las iniciativas responden a una realidad que debemos negarnos a normalizar: por lo menos una de cada tres mujeres morelenses ha reportado agresiones en servicios de transporte público, y muchas más han sufrido de algún tipo de violencia en las calles.
Las acciones que se han emprendido podrían clasificarse desde las aparentemente muy domésticas, como la colocación de luminarias, la poda de árboles que pudieran obstruir la visión y el balizamiento de calles y aceras; hasta las más complejas, las reformas al código penal para sancionar con más severidad delitos sexuales cometidos a bordo del transporte público, la capacitación y certificación de los transportistas para evitar actos de violencia contra las mujeres y convertir sus unidades en espacios seguros, y la habilitación de espacios “código violeta” a los que las mujeres pueden acudir en busca de refugio en situaciones que consideren peligrosas; en el rango intermedio se ubicarían el reforzamiento de la videovigilancia y la construcción de paraderos seguros con las características que ha propuesto el gobierno de Margarita González Saravia, que incluyen buena iluminación y conectividad vía wi-fi.
Dada la aparente sencillez de casi todas las acciones y políticas impulsadas por el gobierno estatal, algunos ayuntamientos y el Congreso de Morelos para ofrecer protección a las mujeres (hay quienes critican que ninguna de las propuestas es realmente nueva), lo que sorprende en todo caso es que no se hubieran tomado estas acciones antes y se haya permitido que la entidad se convirtiera en una de las más riesgosas en el país para las mujeres.
El problema era de voluntad política, de confianza entre las instituciones, y en un primer momento, hasta de diseño institucional. Cuando los feminicidios empezaron a aumentar gravemente en Morelos, como corolario de una sistemática violencia contra las mujeres, el entonces gobernador, Graco Ramírez, tardó mucho en reconocer que el problema existía, y emprendió apenas algunas acciones aisladas más obligado por la Alerta de Violencia de Género que por el reconocimiento del mal diagnóstico que se tenía entonces sobre el peligro que ya era ser mujer en Morelos. Con Cuauhtémoc Blanco todo empeoró, no solo se lesionó a tal grado la confianza entre instituciones que la coordinación se volvió imposible, también se cancelaron algunas iniciativas que, si bien no eran una solución al problema, si alcanzaban para ralentizar el crecimiento del riesgo para las mujeres.
El relevo de poderes en el estado ha permitido que el gran pendiente para la construcción de espacios seguros para las morelenses empiece a tomarse en serio, es evidente que la LVI Legislatura desde que asumió en septiembre, el Ejecutivo estatal desde poco antes de rendir protesta en octubre, y varios ayuntamientos, algunos ya en funciones y otros que iniciarán en enero próximo, tienen la voluntad política, la experiencia, y la confianza suficiente para coordinarse con otras instancias (incluso del sector privado) y promover acciones que, aisladas podrían parecer muy poco, pero en conjunto significarán una enorme reducción de los riesgos para las mujeres de todo el estado, especialmente en las zonas urbanas.
La garantía de movilidad segura para las mujeres no es lo único que se requiere para que ellas tengan la garantía de una vida pacífica; pero sin duda representa el primer paso urgente para ofrecer la verdadera igualdad sustantiva, imposible mientras continúe la violencia de género cuya impunidad la ha convertido en una de las más tristes prácticas comunes de Morelos.
