La suspensión provisional concedida a Jaime Juárez López, exdirector de la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), vuelve a colocar sobre la mesa un tema que Morelos no ha logrado resolver: la fragilidad de sus mecanismos de rendición de cuentas. El caso, que se desprende de auditorías con observaciones graves de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), refleja cómo las estructuras del poder político y judicial siguen entrelazadas en una red de favores, omisiones y recursos legales que alargan los procesos y diluyen el ejercicio de la justicia.
El amparo obtenido por el exfuncionario no lo exime de responsabilidad ni cierra el caso, pero sí le permite ganar tiempo, un recurso tan valioso en la política como en los tribunales. En un estado marcado por escándalos de corrupción, donde las investigaciones suelen perderse convenientemente en los escritorios o entre tecnicismos, esta medida judicial no deja de generar inquietud. ¿Cuántos procesos más se han quedado en suspenso, sin responsables claros ni sanciones efectivas?
Por su importancia, la CEAGUA es una de las dependencias con mayor presupuesto en Morelos, pero también una de las menos transparentes. La gestión de los recursos destinados al agua -entre otras responsabilidades de la pasada administración estatal- ha sido objeto constante de observaciones, sin que todavía se traduzcan en sanciones, que deberían ser ejemplares. Las auditorías de la ESAF han sido contundentes.
No se trata de celebrar ni condenar anticipadamente a Juárez López, sino de exigir que el proceso judicial avance con claridad, independencia y resultados verificables. El debido proceso es un derecho, pero también lo es el acceso de la ciudadanía a la verdad sobre el destino de los recursos públicos. En una democracia real, ambos principios deben coexistir, no anularse mutuamente.
Si algo ha dañado la confianza pública en las instituciones es la sensación de que la justicia se aplica de forma selectiva: celeridad para los débiles, prudencia para los poderosos. La suspensión provisional del exdirector de CEAGUA debe entenderse como parte del procedimiento, sí, pero no como una excusa para frenar las investigaciones ni para postergar el proceso.
La transparencia y la rendición de cuentas no pueden depender de los tiempos políticos ni de la influencia que todavía gocen quienes un día ocuparon el poder. El reto para las autoridades judiciales y de fiscalización es demostrar que en Morelos ningún cargo ni amparo puede proteger de la justicia y resarcimiento de los daños. La justicia, aunque lenta, debe seguir su curso y hacerse visible, porque solo así podrá recuperar su credibilidad frente a una ciudadanía que ya no confía en promesas, sino en hechos.
