Lo peor que puede hacer una sociedad es considerar que sus disfuncionalidades y pequeños y grandes pecados son “normales”. La autocrítica es deseable en cualquier grupo social pues permite la evolución, que representa sino la corrección de los males y vicios comunitarios.
Un terrible ejemplo de esa “normalización” de perversiones sociales es el entorno que los ajenos a ellas tejen en torno de las marchas que hoy, en prácticamente todo el país encabezan mujeres que ponen al frente de sus contingentes “la digna rabia” que nace justamente del perpetuo robo de sus derechos, libertades, autonomías, seguridad y hasta sus vidas.
Las amenazas contra las movilizaciones de las mujeres, lanzadas desde el anonimato que protege la cobardía en redes sociales, son un cotidiano cuya gravedad radica no solo en la forma de violencia que contienen en sí mismas, sino mucho más en su recurrencia, que muestra más que una posición contraria o un disenso, la intención de eliminar una expresión legítima y, por supuesto, necesaria de la agenda de las mujeres de Morelos y de México.
Hay otra forma de violencia que resulta igual de lamentable porque proviene de las instituciones del poder público que, simbólica y materialmente, deciden no escuchar y tampoco permitir que otros oigan, las demandas legítimas de amplios grupos de mujeres en búsqueda de igualdad y paz.
En Morelos, el Ejecutivo determinó no colocar ningún objeto que estorbe a la movilización libre de los contingentes rumbo a la Plaza de Armas de Cuernavaca y tampoco poner protección especial a Palacio de Gobierno. Además, desde las secretarías de Gobierno y de las Mujeres, se mantendrán a la vista el trascurso de la movilización y sus demandas.
El ayuntamiento de Cuernavaca también ha expresado su respeto a la manifestación y ha llamado a no criminalizar las protestas en ninguna de sus manifestaciones; lo que debe entenderse también como una instrucción a la policía municipal para no afectar el transcurso de la movilización ni la difusión de sus exigencias.
En contraste, el Legislativo decidió hacer vacío a la discusión sobre la despenalización del aborto que se tendría que haber resuelto esta semana en sesión de comisiones. Las y los diputados no acudieron a la convocatoria hecha desde Puntos Constitucionales y Legislación en que se discutiría el tema que está entre las primeras diez demandas del movimiento feminista de Morelos desde hace años, junto con la igualdad sustantiva, la vida libre de violencias, los espacios seguros, entre otras.
La LVI Legislatura, a horas apenas de que las mujeres marcharan con una bien definida y añeja agenda de derechos humanos, optaron por no atender siquiera con su presencia la demanda de libertad para decidir sobre sus propios cuerpos sin ser castigadas por ello.
Peor aún es la posición del Tribunal Superior de Justicia, una institución señalada por revictimizar a cientos de mujeres que padecen decisiones injustas en materia penal, civil y familiar. El Palacio de Justicia fue cercado con vallas que evitarán el paso de las manifestantes y la “intervención” del edificio y la estatua de la diosa Themis, o la Justicia; en una evidente forma de arrebatar a la marcha su expresión de resistencia, de hacer que los edificios donde se ha ignorado o silenciado a las mujeres, sus demandas y sus causas, sean quienes hablen por ellas: un concepto que aparentemente es muy difícil de entender para los juzgadores y su presidente.
