El video en que los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro aparecen en una reunión con un presunto líder delincuencial de la zona oriente no son el único elemento que lleva a sospechar la probable colusión de funcionarios públicos y representantes populares con grupos de la delincuencia organizada que, a través de estos vínculos habrían infiltrado la vida institucional, principalmente en ayuntamientos de Morelos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana recordó recientemente la filtración de documentos de inteligencia que involucrarían a una veintena de funcionarios electos con actividades criminales; la mayor parte de ellos aún en activo en diversos cargos a los que entonces tenían. Además, se ha sugerido que al menos 17 de los actuales alcaldes estarían siendo investigados por presuntos nexos con grupos criminales.
Los nuevos datos producto de trabajos de inteligencia parecen ir confirmando viejas sospechas que llevaron a la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia a procurar, incluso antes de asumir el cargo, un blindaje sobre los trabajos de seguridad y procuración de justicia. Se trata no solo de la necesaria reconstrucción de la confianza ciudadana sino, mucho más, de una cuestión de seguridad estatal, operatividad de las instituciones, reducción de riesgos y fortalecimiento de la prevención del delito y procuración de justicia en el estado.
La noticia del amplio avance en las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre alcaldes vinculados de una o varias formas con grupos delincuenciales parece ofrecer el argumento más sólido para la colección de precauciones que se ha implementado para el nombramiento de los mandos policiales municipales en Morelos. Se trata no solamente de la presentación de los exámenes de control de confianza y el cumplimiento de los requisitos que establecer la ley y que incluyen asuntos elementales como la experiencia y probada capacidad en materia de seguridad pública; también de una revisión puntual de los mandos estatal y federal sobre los perfiles de los mandos propuestos por los alcaldes de forma que tengan la confianza no sólo de los ayuntamientos que los han propuesto, sino de los mandos de seguridad con quienes han de trabajar.
Debe reconocerse que la complejidad del proceso lo ha vuelto lento, casi para terminar febrero, menos de la tercera parte de los mandos policiacos municipales han sido avalados por lo que mantienen el carácter de encargados de despacho. En algunos casos se debe a la dificultad que presentan algunos municipios para encontrar perfiles idóneos para el cargo; en otros de la tardanza en la aplicación de los exámenes o en que algunos alcaldes han modificado las ternas iniciales. Pero de ninguna manera se podría permitir, dadas las circunstancias, que la prisa en el proceso arriesgara la depuración en proceso de la política en Morelos.
Y en eso, aunque paulatinamente, debe reconocerse un avance. La renovación del mando en la seguridad pública con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el relevo en la Fiscalía General del Estado, la supervisión constante de mandos locales, la incorporación de los trabajos de inteligencia para identificar los patrones seguidos por criminales, la captura de ya más de una decena de elementos policíacos que estaban involucrados en hechos delictivos, reflejan un avance, que sólo parece limitado por el tamaño de la contaminación que se combate en los ayuntamientos y sus cuerpos policiales.
El resultado de las investigaciones que realiza la FGR será determinante para las acciones a seguir, por lo pronto, el blindaje debe permanecer para cultivar la confianza que hace muchos años se perdió en las policías, fiscalías y hasta en los juzgados.
