Más allá de los amagues que se hacían en un muy reciente pasado en cada discusión del paquete económico, que llevaban a actos de corrupción desmedida o a crisis políticas y constitucionales en el estado; el diálogo ahora pretende construir de forma conjunta y corresponsable entre el Ejecutivo y el Legislativo, una ley de ingresos que fortalezca la recaudación (una de las más bajas del país) y un presupuesto de egresos que contribuya a elevar los niveles de desarrollo y bienestar de los morelenses.
Parece que han quedado atrás los tiempos en que las voluntades de los diputados se compraban con dinero o concediendo cargos en el gobierno para ellos o sus familiares, y la época en que el enfrentamiento entre los poderes permitía poner de pretexto al adversario para hacer poco o de plano dejar de cumplir con las responsabilidades de cada despacho con la población de Morelos.
Ahora se trata, todo apunta, de estudiar, analizar, revisar, proponer, y construir entre los diputados y el gabinete de la gobernadora, Margarita González Saravia, un proyecto económico y financiero para el sector público de Morelos que permita no solo reducir paulatinamente la dependencia que el estado tiene ahora de las participaciones federales, sino también que los recursos públicos se manejen con transparencia y sean aplicados en las necesidades reales de la gente de Morelos.
Es de reconocerse que la oposición en el estado ha mostrado voluntad suficiente para dialogar y asumir la parte de responsabilidad que le toca en la construcción del presupuesto. Ya no es aquel grupo de legisladores que aprovechaban la mala imagen del gobierno estatal y la construcción de un bloque opositor para obtener beneficios discrecionales a favor de las demarcaciones que representaban.
Pero también debe aquilatarse que el Ejecutivo también ha cambiado su postura y su imagen. De aquel gabinete autoritario que buscaba imponer un paquete económico sin proyecto político ni social, sencillamente para obtener beneficios irregulares del gasto público; no ha quedado nada, y ahora es más que evidente la intención de construir a favor de las y los morelenses, pero también, de compartir los costos y beneficios políticos de la operación política y social con los órganos corresponsables.
Ambas partes se reconocen la voluntad de diálogo y búsqueda de consensos, lo que hace que pinte bien la discusión de un paquete económico que resultará, sin duda, complicado por los retos a enfrentar, la mayoría de ellos derivados del abandono de más de una década de la mayor parte de la función pública.
Un pendiente es ver cómo los diputados aportarán ideas nuevas que funcionen como alternativas a los costos que pudiera tener el paquete económico para la base de contribuyentes en el estado. Es muy probable que no haya muchas, pero no está de más el diseño de nuevas formas que permitan elevar la recaudación sin cargar todo el costo a los ciudadanos cumplidos.
Otro es la urgente revisión de los presupuestos solicitados por cada dependencia, algunos de ellos construidos con base en realidades que no existen o van a cambiar dentro de muy poco. Por ejemplo, ¿de darse una restructuración de la Fiscalía General del Estado, requerirá todo el dinero que ha solicitado? ¿Dados los resultados de la Fiscalía, y de otras instituciones -algunas de ellas bajo sospecha de corrupción- se justifican solicitudes de aumentos presupuestales de hasta 105% como la hecha por el Tribunal de Justicia Administrativa?
Quedan poco más de tres semanas para una discusión que se antoja complicada, pero la buena voluntad y el análisis de los expertos en los dos poderes promete llevarla a buen puerto.
