Las gobernadoras de Morelos, Margarita González Saravia; Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; se reunieron junto a autoridades de otros cuatro estados en la Ex Hacienda de Cortés para revisar las estrategias de coordinación en el combate al robo de vehículos en lo que fue el cuarto encuentro para revisar y reforzar la estrategia coordinada que ha logrado abatir hasta en 40% la incidencia de este delito.
Estos resultados derivan de la coordinación entre las fuerzas de seguridad de los estados y la federación, y la homologación de criterios para enfrentar ese delito porque, se dijo bien, a diferencia de las autoridades estatales, la delincuencia no respeta los límites administrativos de los estados.
Las bandas dedicadas al robo de autos operan en planos regionales, en el caso de la zona centro del país, enfrenta las mismas amenazas Morelos que la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero y el Estado de México. Los automóviles y motocicletas robados son trasladados con relativa facilidad cruzando los límites interestatales lo que vuelve necesarias operaciones conjuntas enfocadas en la prevención, contención, persecución y sanción del delito.
Los trabajos en coordinación avanzan, y homologan el ritmo con que se aplican en cada estado. Por ejemplo, pese a que fue un tema que se puso en la mesa al gobierno de Guerrero desde 2021, cuando Evelyn Salgado Pineda asumió la gubernatura; apenas en estos días se está logrando la desautorización definitiva a los municipios para expedir permisos de circulación y licencias de conductor. Muchos de los ayuntamientos guerrerenses emitían esa documentación apócrifa que, además de mantener un desorden en los padrones vehiculares de Morelos y otros estados, servía para hacer pasar por legales cientos de automóviles y motocicletas robados. La coordinación que inició este año como parte de la estrategia de seguridad de la presidenta, Claudia Sheinbaum, permitió que el gobierno de Guerrero respondiera con su parte de la estrategia de seguridad.
El mismo esquema de coordinación se utiliza desde un poco antes en el combate a la tala ilegal en defensa del Bosque de Agua, aunque en esta tarea participan sólo la Ciudad y el Estado de México y Morelos. Los resultados también han sido evidentes no solo en materia de decomisos de madera ilegal, desmantelamiento de aserraderos clandestinos y aseguramientos de camiones y maquinaria; también van funcionando en tareas de reforestación y desarrollo de proyectos económicos alternativos para las comunidades que se ubican en la zona protegida.
Por eso no resultó extraño que uno de los acuerdos de la reunión que los gobernadores y sus equipos de seguridad sostuvieron en Morelos fuera el ampliar estos mecanismos de coordinación para enfrentar otros delitos. De acuerdo con los primeros datos de las reuniones que, por su carácter y contenidos son privadas, las nuevas mesas podrían ser primero para enfrentar el delito de feminicidio.
Por la propia configuración de los feminicidios, y en general de la violencia contra mujeres, la coordinación tendría que darse en primer término en materia de persecución de los perpetradores que, en muchos casos, suelen huir a estados vecinos. Aunque también se plantearían esquemas conjuntos de prevención fundados en los factores criminógenos comunes en la región, como el alto consumo de alcohol, las relaciones de pareja dañadas y los ambientes generales de agresión que enfrentan las mujeres en toda la región.
La enorme diferencia de la nueva estrategia de seguridad parece estar en el trabajo interinstitucional coordinado. Y mientras eso siga dando resultados, por supuesto que deberá extenderse para enfrentar toda la gama de delitos que agobian a la zona centro del país.
