La inseguridad y la violencia, a las que han contribuido jueces y magistrados al dejar libres a decenas de delincuentes que rápidamente reinciden con crímenes cada vez más violentos, siguen hiriendo e indignando todos los días a miles de morelenses víctimas directas o indirectas del arrebato de vidas, propiedades y tranquilidad.
Y aunque puede concederse que las estrategias de seguridad implementadas por la administración de la gobernadora, Margarita González Saravia, coordinadas con la mayoría de los ayuntamientos, han contribuido a una moderada reducción de la violencia criminal en el estado, cada vida perdida en actos delictivos representa una nueva herida en la sociedad que, después de años de esperar y procurar la paz sigue padeciendo bajas diarias.
Por eso, cada acto de autoridad que pospone la construcción de la paz, la justicia y la dignidad de los morelenses resulta tan ofensivo para los morelenses que hoy cumplen diez días con un Tribunal Superior de Justicia acéfalo, dos meses con ese órgano prácticamente inoperante, y muchos años sufriendo las disfuncionalidades en la administración de justicia a la que han faltado gravemente 22 magistrados y magistradas, y decenas de jueces.
La abulia del Poder Judicial en su tarea constitucional y en su misión social contrasta con el hambre de poder que han mostrado algunos de sus integrantes, aferrados a las prebendas y canonjías que se asocian con sus nombramientos.
Mientras la inseguridad continúa en el estado y los señalamientos contra jueces y magistrados por determinaciones que permiten la liberación de probados delincuentes, los integrantes de pleno del Tribunal Superior de Justicia intercambian acusaciones en público que algunos, como el expresidente, Luis Jorge Gamboa Olea, llevan a los insultos en privado. Las pugnas evidencian una extraordinaria pequeñez frente al tamaño del reto de la justicia en Morelos.
Aún evitando cometer el error de culpar al funcionariado público de una ola criminal autoría de delincuentes individuales y criminales organizados, debe reconocerse que los equívocos y omisiones de los integrantes del sistema de seguridad pública, y esto incluye necesariamente a los integrantes del Poder Judicial, empezando por los jueces y concluyendo, con la responsabilidad más alta, la de los magistrados. Es decir, los magistrados no son criminales, pero sus actos parecen ayudar a muchos de quienes lo son a continuar activos e impunes.
Tarde o temprano la designación de la persona titular del Tribunal Superior de Justicia tendrá que resolverse y probablemente la participación de quien ocupe el cargo en las mesas de construcción da la paz, junto a la coordinación que pudiera establecerse con autoridades de seguridad pública, contribuyan a lograr un descenso mayor y más rápido en la violencia y la incidencia delictiva que agobia a Morelos desde hace por lo menos dos décadas.
Aún si se cumple, como todos deseamos, esa posibilidad no borrará cómo pasarán a la historia los últimos años del Tribunal Superior de Justicia que han sido de tiranía personal, terror laboral e incapacidad institucional, que han costado muchas pérdidas económicas y políticas a los morelenses y, más grave aún, también han colaborado de forma indirecta con muchos de los crímenes cometidos en el estado.
