Prácticamente todas las administraciones presidenciales, desde los años 70, han procurado reformas electorales que, más allá de componentes ideológicos, diseños a veces inapropiados, y conjunciones de intereses políticos y hasta económicos, buscaron siempre fortalecer la democracia en México.
En 1977, la reforma política de Jesús Reyes Heroles, una de las más importantes de la historia moderna de México, creó el sistema de representación proporcional mediante un esquema de listados plurinominales. Se trata de una herramienta aún vigente que, para reconocer la creciente pluralidad de la sociedad mexicana, permitió a los partidos postular a cuadros que no se presentaban a hacer campaña sino anotados por los partidos en sus registros, lo que les permitía llegar al Congreso de la Unión para representar sus ideologías.
El sistema se fue perfeccionando paulatinamente. La integración de los congresos representa, más o menos, cómo votó la gente en la elección y así se asignaban las curules, en una proporción muy cercana al resultado. La efectividad del esquema fue degradándose con el tiempo; los partidos dejaron de colocar en las primeras posiciones de los listados a sus cuadros más puros ideológicamente, más representativos o preparados, y en cambio fueron permitiéndose postulaciones de quienes aportaban más dinero a las campañas, de grupos de interés, compadres y amigos de los dirigentes partidistas, o de los propios presidentes de partidos. Existen aún hoy legisladores que no caminan el territorio, y aún peor, que carecen de interés o capacidad en el trabajo legislativo. Lo más grave es que los plurinominales suelen dominar las fracciones y grupos parlamentarios, algo que suele alejar de la gente incluso a los legisladores más votados.
La propuesta de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer busca corregir la disfunción que más ha comprometido la legitimidad de los congresos. Los 500 diputados que integren la Cámara, en caso de aprobarse la reforma, tendrían que presentarse a la elección, hacer campaña, escuchar a la gente. 300 de ellos serían electos tal como ahora, por mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales del país (cinco de ellos están en Morelos).
Las 200 diputaciones restantes serían asignadas conforme a la fórmula de representación proporcional, pero ya no conforme a un listado de partido, sino mediante un esquema más complejo y representativo. 97 saldrían de los candidatos que, sin ser ganadores de la elección, hayan obtenido los mejores resultados en su partido. Otros 95 se seleccionarían considerando la votación directa por circunscripción y por partido político; y 8 más serán mexicanos residentes en el extranjero.
En el caso del Senado, se integrará sólo por 96 escaños, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Cada entidad federativa volvería a estar representada por solo tres senadoras y senadores.
Además de este complejo aporte que busca mejorar el esquema de representatividad y recuperar la legitimidad que hace muchos años perdieron las Legislaturas; la reforma propuesta fortalecería la fiscalización del gasto de los partidos y candidatos; reconoce y mejora la representación de los mexicanos residentes en el extranjero; reduce los tiempos de radio y televisión asignados para los partidos y candidatos en el periodo electoral; regula el uso de la inteligencia artificial, prohíbe los bots y los deep fakes, acelera el cómputo distrital para mejorar la credibilidad; amplía a estados y municipios los mecanismos de plebiscito, referéndum, revocación de mandato y consulta popular; regula la prohibición del nepotismo y de la reelección.
Se trata entonces de una reforma profunda que seguramente será atacada por quienes se han beneficiado de las disfunciones del actual esquema de representación. Ellos mismos se exhibirán.
