La comunidad de Xoxocotla, enclavada en la zona sur de Morelos, aparte de su pasado indígena tiene una bravura que le sirvió por décadas para mantenerse viva pese a las presiones políticas y administrativas de los ayuntamientos y gobiernos estatales que por muchos años la mantuvieron jurídicamente marginada para decidir sobre sus propios espacios y futuros posibles.
El carácter de los pobladores, hombres y mujeres logró que en el 2017 se le reconociera como uno de los primeros municipios indígenas de Morelos. La determinación, sin embargo, entrañó otra serie de problemas para los que, ni sus habitantes, ni la región y tampoco el gobierno del estado se habían preparado y que parten de la debilidad institucional, las imposiciones de partidos políticos, el conflicto por el uso de los escasos recursos municipales, la penetración de grupos delictivos en las estructuras municipales, que han generado un clima de violencia política al que las autoridades no han sabido responder.
El clima de tensión y violencia política que había iniciado desde el reconocimiento del municipio indígena se agravó en enero del 2022 con el asesinato del alcalde Benjamín López Palacios, un par de meses después también era víctima de un homicidio doloso el secretario municipal Manuel Alejandro Jiménez Ponciano; un mes después Raúl Leal fue ratificado como alcalde en un clima de tal riesgo que lo obligó a usar chaleco antibalas. En los 14 meses que corrieron desde junio del 2021 y agosto del 2022, el municipio indígena tuvo seis alcaldes, cada uno de ellos terminó su encargo por diversas violencias y presiones políticas.
Al agravamiento de la violencia contribuyó en mucho el abandono de la operación política local durante el sexenio del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Ya en el 2024, las elecciones por usos y costumbres en el municipio parecían apuntar al destierro de la violencia; pero no fue así, los conflictos postelectorales continuaron con la presión de grupos y resoluciones judiciales respecto a la legitimidad del procedimiento.
Estas tensiones se reflejaron en la integración del ayuntamiento, donde se inició un conflicto político y personal del alcalde, José Carlos Jiménez Ponciano, con la síndica municipal, Alicia Fernanda Capistrán Martínez y la regidora Xitlali Mejía Huerta. Los primeros enfrentamientos parecían haberse superado con el llamado del gobierno de Morelos a superar las diferencias a través del diálogo.
Pero no fue así, el pasado viernes, la síndica y la regidora denunciaron amenazas, retención de salarios desde septiembre pasado y presiones del alcalde para apoyar todas sus decisiones. La regidora Mejía Huerta aseguró que Jiménez Ponciano las amenazó con “desaparecerlas”.
La madrugada de este lunes, sujetos armados atacaron a balazos los domicilios particulares de la síndica y la regidora, ubicadas en el centro de Xoxocotla. Por fortuna no hubo heridos, aunque el hecho agrava los problemas políticos y de seguridad en el municipio indígena y parece ser el reinicio de la peor forma de violencia política.
Dadas las condiciones de enfrentamiento entre grupos políticos, el gobierno de Morelos tendría que aportar mucho más a la solución, toda vez que los llamados al diálogo han sido insuficientes. A nadie decente conviene la violencia en el municipio indígena, una condición que arriesga la seguridad de todos los habitantes y compromete los esfuerzos por el desarrollo que parecían empezar a dar frutos.
Reconocer el riesgo y diagnosticar adecuadamente el problema es una tarea urgente para el gobierno de Morelos. Negar lo que ocurre, pretender que no se tienen antecedentes sobre los peligros para la política municipal, sólo permitirá que el conflicto escale nuevamente a niveles de insostenibilidad política.
Tocará también a la gente de Xoxocotla recordar que si bien la bravura forma parte de su identidad; la solidez de carácter que permite construir acuerdos no debe confundirse nunca con la proclividad a la violencia que destruye las instituciones que apenas se están formando y que el municipio requiere para funcionar.