La evaluación del funcionariado público con base en sus resultados tendría que ser una práctica normal y frecuente en el servicio público. Una evaluación efectiva y objetiva tendría como parámetros la calidad y cantidad del trabajo realizado, el conocimiento del cargo y el ejercicio efectivo y dentro de los límites legales del mismo, la iniciativa para prevenir o atender los problemas antes de que se conviertan en asuntos graves, y la capacidad de planeación para el diseño y operación adecuada de las políticas públicas, el cumplimiento de los plazos y el uso adecuado de los recursos públicos.
Sin embargo, la experiencia ciudadana tiene evidencia de que estas evaluaciones suelen presentarse muy esporádicamente; en cambio los relevos de funcionarios públicos obedecen comúnmente a acomodos políticos, presiones de grupos de interés, enunciaciones de autoridad e identidad ideológica, y en los peores (aunque no poco frecuentes) casos al trazo o mantenimiento de círculos de corrupción.
De ahí que cada vez que un alcalde anuncia evaluaciones sobre el desempeño de sus gabinetes, vale la pena estar al pendiente de los criterios efectivos sobre los que se funda la evaluación; lo que permite valorar si la eventual remoción de funcionarios responde a una revisión objetiva de su ejercicio o se obedece a otro conjunto de criterios que deberían, por lo menos, esta bajo el, escrutinio público.
La semana anterior, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado anunció haber iniciado una evaluación sobre los integrantes de primer orden de la administración pública municipal (lo que se ha dado en llamar “el gabinete”) y advirtió que conforme a los resultados podría haber cambios en los responsables de las fallas en su administración.
Apenas unos días después, exhibió a su secretario de Protección y Auxilio Ciudadano, Guillermo García Delgado como uno de los que podrían ser removidos dado que, si bien se ha reducido la incidencia de homicidios dolosos en la capital, otros delitos han tenido un comportamiento ascendente, además de que la estrategia de seguridad parece no dar resultados.
Si se consideran esos datos, algo de razón habría en considerar el relevo, aunque deberá reconocerse que el jefe policiaco de Cuernavaca tiene poco tiempo en el cargo y que gran parte de la infraestructura de vigilancia y equipamiento policial no funciona o por lo menos es insuficiente.
Mucho más llamativa resulta la declaración si se considera que si bien el área de Protección y Auxilio Ciudadano no puede considerarse como un triunfo para la administración del alcalde, hay otras que son un verdadero fracaso, como los servicios públicos, el cuidado del medio ambiente, la verificación y control de negocios -especialmente de giros rojos-, el reordenamiento del comercio ambulante, el otorgamiento de licencias de impacto ambiental, entre otros.
Desde una visión objetiva, la posibilidad de que Guillermo García Delgado sea removido del cargo, significaría que están mucho más cerca las destituciones de los secretarios municipal, Óscar Cano Mondragón y de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Guillermo López Mejía, directos responsables, con indicadores medibles y conocidos por el alcalde, de la mayor parte de los desastres en la ciudad.
Porque en Cuernavaca la seguridad ha mejorado moderadamente (algo insuficiente para la exigencia ciudadana). Pero los servicios públicos se han deteriorado a una velocidad alarmante; la destrucción de áreas verdes es cotidiana y se disfraza de legalidad; las obras de bacheo afectan mucho más el tránsito que los propios baches; los bares clandestinos siguen operando; el ambulantaje ha crecido y se sigue empoderando; las áreas operativas del ayuntamiento están totalmente desconectadas y esa gestión aislada afecta a la población.
Si la evaluación va a ser objetiva, en Cuernavaca tendría que irse mucho más de un funcionario. De otra forma, será un simple y costoso reacomodo político.
