Después del escándalo que produjo el nombramiento de ambas a mediados de junio pasado, habría sido conveniente para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que las magistradas Mónica Boggio Tomasaz Merino y Gloria Vanessa Carmona Viveros se manejaran con muy bajo perfil para evitar comprometer la credibilidad y la imagen ética que uno esperaría de los órganos de impartición de justicia.
Las magistradas nombradas el 14 de junio pasado fueron señaladas por defectos en su proceso de designación que hizo dudar de su legitimidad. A Boggio se le acusó de haber usado su influencia como jefa de la oficina de la gubernatura en la administración de Cuauhtémoc Blanco para obtener una ventaja indebida en la convocatoria abierta solo para aspirantes mujeres, y de falsear su tiempo de residencia en Morelos. A Carmona se le criticó por su vínculo con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, lo que habría influido en que los legisladores la seleccionaran a ella entre otras aspirantes que se decía estaban mejor preparadas.
La primera forma para haber contrarrestado la idea que se fue generando entre buena parte de la ciudadanía sobre los defectos que llevaban al pleno del TJA ambas magistradas era mostrar una conducta intachable. No fue así, menos de cinco meses después de su nombramiento, las dos nuevas magistradas gestionaron recursos para irse a un curso de capacitación y actualización, como los muchos que presume financiar el Tribunal, pero a diferencia de éstos, al que se han ido ambas magistradas es en Holanda.
Las magistradas estarán dos semanas en Europa y para ello el TJA pagó por lo menos (es la cifra que reconoce al magistrado presidente, Guillermo Arroyo Cruz) 120 mil pesos, pero los gastos pueden ser aún mayores. Aunque no se trata específicamente de un periodo vacacional, llama la atención que sin haber cumplido siquiera seis meses en el cargo, las magistradas sean inmediatas depositarias de un privilegio de ese tamaño.
Llama la atención porque muchas instituciones académicas de México ofrecen cursos de capacitación de actualización del más alto nivel para especialistas en justicia administrativa, algunos de ellos incluso están en la Autónoma del Estado de Morelos. El viaje a Europa entonces resulta probablemente innecesario en tanto las leyes que regulan al tribunal local, y las que debe imponer, son eminentemente regionales y son bien conocidas por juristas y especialistas morelenses y mexicanos.
Por eso ya hay quienes atribuyen el beneficio al interés de un grupo, vinculado al exgobernador, Cuauhtémoc Blanco y del que formarían parte las magistradas viajeras y el presidente del Tribunal, por permanecer en el control del órgano de justicia que sanciona, entre otras cosas, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Además de los tres mencionados el pleno del TJA se integra con los magistrados Manuel García Quintanar y Joaquín Roque González Cerezo; así que bastan tres magistrados para hacer mayoría, y entre Arroyo, Boggio y Carmona, la tienen.
Por lo pronto, la duda de si el viaje “de capacitación y actualización”, era realmente necesario para dos magistradas que recién fueron designadas por, se supone, tener amplios y bastantes conocimientos para ejercer como titulares de salas en el tribunal al que fueron designadas; y mucho más, si la capacitación tan aparentemente importante, no se pudo haber tomado en Morelos, aunque fuera a distancia sin el cargo que representa el viaje para las finanzas y la imagen de honestidad que uno esperaría del Tribunal de Justicia Administrativa.
