Aunque la histórica falta de información sobre los datos laborales y financieros de la operación de Nissan en Morelos dificulta un diagnóstico muy puntual sobre los efectos que tendrá su cierre en la economía local, debe reconocerse la velocidad con que el gobierno del estado reaccionó al anuncio con un plan que tiene tres ejes básicos, dos dedicados a la atención a entre dos mil 400 y cuatro mil trabajadores que tiene la empresa y el otro a la restauración de la economía local.
Ninguna de las líneas de acción es novedosa, aunque las tres se reforzarán y orientarán específicamente al caso del cierre de la armadora que por casi 60 años produjo cientos de miles de unidades, primero de Datsun y luego de Nissan en Morelos.
Primero está el acompañamiento a los trabajadores para que sus procesos de transición, ya sea a la migración a Aguascalientes, o a nuevas opciones de ocupación se desarrolle en estricto apego a sus derechos laborales. Porque aún cuando la empresa ha prometido entregar las liquidaciones completas y conforme a ley a los trabajadores que habrá de despedir, lo cierto es que en el trayecto escalonado en que ocurrirá ello podrían suceder diferendos entre los derechos legítimos de los trabajadores y lo que la empresa considera legal. Este acompañamiento se ofrecerá a pesar de que la relación conciliatoria entre la empresa y sus trabajadores corresponde al gobierno federal por las características propias del contrato colectivo y la industria automotriz.
En otro plano están los apoyos para la reincorporación laboral que se plantean en tres sentidos; la vinculación con empresas de la industria automotriz contratantes que, dado el estado general del sector podrían ser relativamente pocas; segundo la asistencia a través de ferias del empleo en que se ofrecerá a los trabajadores el diseño de un perfil laboral para ser contratados en trabajos formales que les permitan el uso de sus experiencias, conocimientos y habilidades; y tercero el acceso a programas de financiamiento para quienes decidan independizarse y emprender negocios propios. Los tres programas ya existen para el público en general, pero se fortalecerían en un capítulo especial que atienda a los trabajadores despedidos.
El tercer eje del proyecto que de inicio ha trazado el gobierno estatal para enfrentar los efectos del cierre de la armadora es la promoción de nuevas inversiones; algo en lo que se ha estado trabajando desde octubre pasado en el Ejecutivo estatal, que ha colaborado en la concreción de ampliaciones de inversión de farmacéuticas y agroindustrias. En este apartado, debe reconocerse el retiro de Nissan como una oportunidad en el mediano plazo de que otra armadora de vehículos apueste por Morelos para instalar una planta. La enorme instalación que Nissan dejará en Civac resulta atractiva para industrias del tipo o para otros sectores si se le hacen modificaciones menores.
Aún falta el análisis más profundo que deberá hacerse para aplicar programas más específicos y reforzar los que actualmente existen. Los datos empezaron a llegar a la Secretaría de Desarrollo Económico y el Trabajo desde este miércoles, cuando la transnacional empezó a informar a los trabajadores de las condiciones del cierre de la empresa. Pero de momento debe reconocerse que, a diferencia de administraciones anteriores que sólo veían pasar la economía local, la de la gobernadora, Margarita González Saravia, tiene un plan que, sin ser una navaja suiza para aplicarse exactamente a cada situación, funciona para adaptarse y paliar los efectos de una cada vez más compleja y difícil economía internacional.
Convendrá ahora que todos los actores económicos, sociales y políticos hagan su aporte para construir el desarrollo del estado. De nada sirve señalar culpables de un fenómeno consecuencia de la coyuntura internacional, en cambio, conviene empezar a explorar y explotar las ventajas competitivas del estado y las oportunidades que ofrece la momentánea crisis; solo así son posibles el crecimiento y el desarrollo económico al que los morelenses aspiran con toda justicia.