5, 9 o 17 alcaldes y contando…
Hace unos meses, en alguna indiscreción provocada por la presión de medios de comunicación, el extitular de la Fiscalía Especializada de Control Regional Morelos de la FGR, admitía que había alcaldes de Morelos bajo investigación por probables vínculos con grupos delictivos.
Poco a poco, la información se fue ampliando y se hablaba de cinco presidentes municipales, por lo menos tres de ellos de la región oriente, que estarían bajo indagatorias federales. A la mayoría de los morelenses, y al obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, le parece menor la cifra. Ramón Castro Castro habla de entre ocho y nueve, que deberían estar sujetos a investigación, aunque los señalamientos más enterados señalan a casi 20 a los que se sumarían, por cierto, por lo menos cuatro diputados locales y probablemente tres legisladores federales.
Hace casi un año, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano refería que serían hasta 17 los alcaldes investigados por presuntos nexos con grupos criminales, el dato fue confirmado por el titular de la dependencia homónima en el gobierno de México, Omar García Harfuch.
Aunque las sospechas de nexos entre políticos y grupos delictivos explicarían muchos de los fracasos que autoridades municipales han tenido en el combate al crimen en diversas regiones del estado, particularmente las zonas de Los Altos, Oriente, Centro y Sur; las reiteradas sospechas pintan un gravísimo escenario para la confianza ciudadana, las posibilidades de pacificación y desarrollo social y económico de las regiones, y por supuesto, para la legitimidad de las autoridades municipales.
Situaciones como las que viven Cuautla, Atlatlahucan, Temoac, evidencian los peligros que enfrenta la ciudadanía por la probable colusión entre sus autoridades y las bandas criminales a las que toleran o, en casos aún peores, con las que colaboran o a las que pertenecen.
Y si bien hay que reconocer que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado cuando se dejaban pasar estas cosas, ahora hay investigaciones para deslindar las probables responsabilidades; también debe señalarse que a más de un año de iniciadas las investigaciones, ninguno de los alcaldes bajo sospecha ha recibido sanción alguna; y tampoco se sabe de alguno que haya resultado inocente en las indagatorias.
Porque no puede considerarse que los anuncios sobre las investigaciones o los señalamientos de alcaldes y diputados bajo sospecha hayan servido para corregir las omisiones de los munícipes en materia de seguridad pública, o siquiera los hayan hecho más sensibles al escrutinio público. Por el contrario, algunos de los ediles se han envalentonado, como ocurre con el de Cuautla, Jesús Corona Damián, endurecieron sus posiciones como medida de autoprotección política, e incurren cínicamente en conductas profundamente censurables, como el llegar en estado inconveniente a sesiones de cabildo y otros actos públicos.
Sean 5, 9 o 17, conviene que las investigaciones lleguen a buen puerto pronto; los morelenses no merecen autoridades cuya legitimidad esté en duda.
